No hay alternativa. Esta frase resume la incapacidad de nuestros dirigentes políticos para plantear una agenda económica autónoma, independiente de la lógica de los mercados. La vertiente más preocupante de esta pérdida de soberanía económica reside en la competencia regulatoria. La posibilidad de elegir el régimen jurídico más favorable en materia fiscal, laboral o medioambiental -el llamado arbitraje regulatorio- lleva a los Estados a competir por establecer normas cada vez más tentadoras para la atracción de capital.
La presión de los mercados sobre los Estados en materia jurídica no es necesariamente perniciosa. Las mejoras en la seguridad jurídica o la eliminación de trabas burocráticas innecesarias han venido en muchos casos de la mano de este tipo de presiones. El problema aparece cuando la competencia regulatoria fuerza al abandono de políticas económicas redistributivas de la riqueza, a empeorar las condiciones laborales o a renunciar a la obligada protección del medio ambiente.
Basten algunos ejemplos. Mantener la fiscalidad de las Sicav, mientras aumenta la presión sobre las rentas del trabajo, se justifica por la imposibilidad de evitar que las grandes fortunas deriven sus ahorros a paraísos fiscales. Los cambios introducidos en el mercado de trabajo tienen su origen, no tanto en la percepción de que la antigua regulación fuera disfuncional (que lo era), sino en aumentar la competitividad de nuestra economía frente a países más flexibles en lo referente a condiciones de trabajo y salarios. Entre las consecuencias directas de la modificación planteada en la Ley de Costas está la posibilidad de ampliar, en 75 años, la actividad industrial en el dominio público litoral, lo que a buen seguro evitará la deslocalización de algunas empresas.
Pero, seguramente, sea el de Eurovegas el caso más paradigmático. La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró su disposición a "cambiar las leyes regionales que hicieran falta" para la instalación de este complejo. Cabe recordar que entre las demandas de los promotores se incluían exenciones fiscales, laborales y medioambientales (tabaco).
Son de este modo los paraísos fiscales quienes están dictando nuestra propia fiscalidad, y son los países menos garantistas quienes están guiando nuestra propia (des)regulación en materia laboral y medioambiental. En una economía global sin gobernanza global son, en definitiva, quienes no creen en la regulación los que están fijando las reglas, en una suerte de dictadura de los anarquistas.
Sobre las posibles consecuencias de este proceso conviene no olvidar que la actual crisis financiera tiene su originen, precisamente, en la competencia regulatoria en el ámbito bancario, y en la consiguiente desregulación internacional. La crisis social que nos atenaza en España, y en otros países de Europa, no puede desligarse de la creciente competencia regulatoria en materia fiscal y laboral. Incapaces de gravar adecuadamente las rentas del capital, la presión se ceba en las rentas del trabajo y en el consumo. Y, dado que esta asfixia económica no llega para cuadrar las cuentas, el resto del camino hasta el equilibrio presupuestario se recorre vía recortes en las prestaciones sociales. Las consecuencias del arbitraje medioambiental se verán con mayor nitidez en un futuro no tan lejano.
Sin obviar nuestras diferencias, los europeos compartimos una misma vocación de cohesión y justicia social que nos distingue de los otros grandes actores con los que debemos negociar la gobernanza global -EE UU o China. Debería ser, por tanto, una prioridad de los dirigentes europeos la defensa de una libre competencia internacional, basada en la innovación en productos y en procesos, no en el deterioro de las condiciones de vida y en la desintegración social.
No cabe duda de que una mayor unión política y económica en Europa permitiría poner orden, al menos a nivel interno (caso de la armonización fiscal), así como hablar con una sola voz a nivel internacional. Parece, sin embargo, que el camino elegido ha sido justamente el contrario. Hemos aceptado sin más que la única regla de juego sea la de la competitividad, venga ésta de donde venga. Competitividad por encima de todo y por encima de todos. En pocos años tendremos pues ante nuestros ojos una Europa mucho más competitiva. La pregunta es: ¿Querremos mirar?
Santiago Forte es profesor del Departamento de Control y Dirección Financiera de ESADE
