El pasado febrero 150.000 trabajadores entraron en el desempleo y ya rozan los 3,5 millones. Los cinco últimos meses se han cerrado cada uno con más de cien mil nuevos parados. Aunque el ritmo se redujese en los meses venideros, nadie evitará que antes de final de año se hayan superado los cuatro millones de desempleados. El crecimiento desbocado del paro ya no se debe al aumento de la población activa, sino a la fuerte destrucción de empleo, según pone de manifiesto la Seguridad Social, que ha perdido en un solo año 1,1 millones de afiliados. Obviamente, la atonía de la actividad -y el consiguiente descenso del consumo y la inversión- está llevando a las empresas a rebajar sus costes mediante destrucción de empleo. Es, no cabe duda, la cara más dramática de esta crisis y la más indeseable.

La escasa flexibilidad en la determinación de los costes laborales es, en parte, responsable de que los ajustes se produzcan en el empleo y no sobre el salario, en la cantidad y no en el precio. Los directivos optan por despedir ante la dificultad de revertir los acuerdos salariales cerrados en tiempos mejores. Por eso, es imprescindible que se negocie un pacto de rentas entre las ejecutivas de los agentes sociales que sirva como paraguas a la mayoría de las empresas para reducir sus costes. Eso exige que los sacrificios sean compartidos y, además de unos salarios contenidos, las empresas recorten los márgenes del negocio con controles de precios finales. La fórmulas son muchas. Puede congelarse el salario o, simplemente, diferir las subidas ya acordadas para años futuros cuando las ventas vuelvan a repuntar. O se puede mantener la subida salarial, pero ahorrar en algunos ingresos en especie (planes de pensiones, bonos de comida o transporte, servicios médicos, etcétera) firmados en los momentos de mayor bonanza y que ahora son un serio gravamen para muchas empresas. El modelo queda a la negociación de las partes.

La mayoría de trabajadores, accionistas y gestores entienden que en estos momentos es preferible ajustar los ingresos antes que poner en peligro la supervivencia de la empresa. La resistencia sigue alojada en las cúpulas de los agentes sociales -especialmente las sindicales- reacias a solicitar a sus bases esfuerzos adicionales. El Gobierno debería dar un empujón para facilitar que se sienten a negociar. Pero para cargarse de autoridad moral el Ejecutivo debería dar ejemplo e imponer una congelación retributiva a los trabajadores públicos.

No se entendería bien que los empleados privados tuviesen que ajustarse el cinturón, mientras quedan al margen los públicos. En definitiva, sus empleadores -la Administración- también tiene problemas financieros. Sea como fuese, un pacto de rentas contribuirá a preservar empleo con tanta o más eficacia que las medidas de choque que aprobará el Consejo de Ministros el viernes.