Si entro en unos grandes almacenes y me llevo sin pagar una película en DVD, todo el mundo diría que estoy robando, pero si me la descargo, me la llevo por la cara de internet, estoy colaborando al desarrollo de la sociedad de la información. Esta perversa forma de calificar el mismo acto con dos ópticas diametralmente opuestas se ha instalado en la mente de muchos y se va reforzando por el anonimato de internet y porque no pasa nada. Nunca pasa nada.

Pero algunas veces pasa. Acaba de pasar en Estados Unidos. El FBI ha cerrado la web de almacenamiento de archivos más grande del mundo, Megaupload, por alojar contenidos ilegales protegidos por derechos de propiedad intelectual sin permiso de sus creadores y sin ninguna contraprestación para ellos.

Detrás de esta agresión a los titulares existe un descomunal negocio en el que los grandes beneficiarios son los cyberlockers o megaservidores, como está saliendo a la luz en esta operación. Los administradores de estos cyberlockers pagan comisiones a los subidores de material fraudulento en función del número de descargas de las obras que suben. El negocio está en generar tráfico para obtener mayores ingresos por publicidad y cuando se universaliza el uso y se genera una alta demanda de los contenidos, se ralentiza la velocidad de la descarga para comenzar a rentabilizar la segunda línea de negocio: las cuentas premium.

Los contenidos audiovisuales son los que más interés despiertan, pero en lugar de invertir en su adquisición legal, optan por comisionar a un ejército de conseguidores que obtienen copias de las obras de manera fraudulenta y las suben para su posterior redistribución.

La tasa de piratería en España alcanza ya el 77,3% de los contenidos digitales, lo que equivale a casi 11.000 millones de euros en el último año. De poco sirve que se creen plataformas de descargas legales a un precio muy bajo y asequible, como el portal de los productores audiovisuales españoles Filmotech.com. Competir con el gratis total es imposible. Está claro quién se beneficia y no son ni los usuarios ni los creadores.

Decisiones como el cierre de este almacén de archivos, ¿solo se pueden tomar en Estados Unidos?, ¿sería posible algo parecido en España? En nuestro país se ha tardado un año en aprobar la vilipendiada ley Sinde, así como el reglamento que la desarrolla y aún hoy no está operativa. La decisión de cerrar una web ilegal la debe tomar una comisión ministerial de propiedad intelectual, la supervisa un juez y tiene que ser un magistrado el que ordene que los proveedores de internet entreguen los datos. Está claro que es una forma de actuar distinta a la de Estados Unidos, y a pesar de todas estas garantías que contempla nuestra legislación, se ha encontrado con enormes críticas en la red.

Lo peor de todo es que no hay sentimiento de estar haciendo algo mal. Estamos en la barra libre de la apropiación del talento y del trabajo de otros a coste cero sin remordimiento de conciencia. No somos conscientes de que son los creadores los que llenan de contenido la sociedad de la información y que sin ellos no tendría ningún sentido.

Pero claro, no vale decir que estamos de acuerdo en proteger a los creadores, que creemos en la propiedad intelectual sin pagar un euro por ello. Si no se cuestiona el pago por otras cosas, como el ADSL, ¿por qué si por los contenidos, por la creación?

Si negamos el derecho a la propiedad intelectual estamos poniendo en duda que las creaciones como las obras literarias, las producciones audiovisuales o la música pertenezcan a su autor. La propiedad intelectual es una parte de la propiedad privada, que protege la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27: "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Una regulación que facilite y agilice la persecución de las páginas de contenidos ilegales en estos momentos es un primer paso necesario pero seguramente no la solución definitiva. En mi opinión, hace falta sensibilizar a la sociedad hacia el respeto y la protección de los creadores y sus derechos, en la remuneración de un bien intangible igual que se hace con los tangibles, pero sobre todo en la educación a nuestros hijos. De otra forma destruiremos la materia prima que sustenta la sociedad de la información y el conocimiento.

Octavio Dapena. Director gerente de Egeda