El debate abierto sobre el estado presente y futuro de la Seguridad Social no tiene más valor que la agitación intelectual que genera, necesaria para iniciar un camino de reformas en el que hay que exigir esfuerzos a los administrados. Poco importa si la tesorería tendrá o no superávit este año o el que viene, o si infunde temor la posición del Banco de España o la pasividad política del Gobierno. El ruido no es bueno más que para estimular el debate. Pero, una vez abierto, debe bajarse el volumen del enfrentamiento dialéctico para que quienes están encargados en el Parlamento de sacar adelante las reformas que garanticen la estabilidad de la Seguridad Social, que es el compromiso y espíritu del Pacto de Toledo, puedan trabajar sin más presión que sus ideas.

La Seguridad Social precisa una reforma, porque no tendrá viabilidad si no la tiene el sistema productivo español, que está en cuestión se mire por donde se mire. El boom del empleo de los últimos años no es garantía para sostener la presión demográfica del futuro, y el sistema no puede mantener la generosidad que por norma garantiza ahora a los cotizantes. Debe estrechar más la contributividad, exigiendo más años para tener pensión contributiva, computar toda la vida laboral para calcular la prestación y equilibrar una escala de aseguramiento que desestimula las aportaciones.