El Consejo de Ministros aprobó el viernes la muy esperada Ley de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios. Una norma que refuerza sensiblemente la defensa de los usuarios estableciendo estrictos criterios para evitar las cláusulas abusivas, el redondeo al alza en los precios por la prestación de determinados servicios y las trabas a la cancelación de un contrato. En el caso de la vivienda, la ley prohíbe que se carguen al comprador gastos e impuestos que corresponden al vendedor del inmueble (por ejemplo, el gravamen por plusvalías) y se prohíbe penalizar al comprador que no se subrogue en el crédito hipotecario del promotor. Además, las compañías deberán garantizar que darse de baja de un servicio es tan fácil como contratarlo y se pondrá fin al polémico redondeo al alza de los precios. Medidas que deberían garantizar un servicio mejor y más transparentes para todos los usuarios.