La década perdida japonesa

La resolución de la crisis financiera actual pasa por el desapalancamiento y el achatarramiento de los activos considerados deteriorados o de mala calidad. Estos fines son los que pretenden los planes aprobados por ciertos países, entre ellos España. Debe ser motivo de congratulación la rápida aprobación de los mismos y puede ser motivo de preocupación la tibieza de su uso por las entidades, que puede entenderse por motivos reputacionales o por el temor a que se genere una ola de desconfianza en la entidad.

Sin embargo, no se debe descartar el riesgo de que la desconfianza permanezca en el tiempo, sin que éste la resuelva. Parece conveniente recordar la denominada 'década perdida' de los años noventa en Japón. De hecho, ya ha habido economistas que señalan la mayor similitud de la crisis actual con la sufrida por Japón esos años que con la Gran Depresión de los años treinta. Tanto en el caso de Japón como en la actualidad, la crisis financiera siguió a un periodo de alzas bursátiles y de los precios inmobiliarios hasta niveles injustificados e insostenibles, fomentados por una amplia facilidad de liquidez. También hay numerosas diferencias, por ejemplo referidas al sector industrial o a la regulación financiera.

A los efectos de obtener lecciones sobre la crisis actual lo que interesa subrayar es que tras el estallido de la crisis, los bancos quedaron con activos dañados, en una coyuntura de debilidad económica creciente. En el caso de Japón, el retraso en reconocer el problema y la resistencia de las entidades financieras a manifestar su situación real contribuyeron a la prolongada deflación que sufrió la economía. En esas circunstancias, las medidas de política económica keynesianas simples de bajada de tipos de interés o de aumento del gasto público por sí solas no funcionan. La solución pasa por dar de baja los malos activos y recapitalizar las entidades financieras. No es posible una recuperación económica si el sistema financiero mantiene niveles significativos de activos malos.

La cuestión es que mientras estas posiciones no se deshagan, las entidades financieras no tendrán capacidad de conceder crédito a empresas que se encuentren en buena situación financiera y con perspectivas de negocio. Es decir, entonces aumentaría la posibilidad de generarse un credit crunch y de impedirse que se generen las bases para la recuperación económica. Como señalaba el Financial Times en su editorial del viernes 31 de octubre, hay que conseguir que los bancos vuelvan a prestar. Puede, según el FT que los bancos estén siendo cautelosos, no quieran adelantarse en asumir el riesgo de conceder financiación o no quieran refinanciar créditos no rentables concedidos en épocas anteriores debido a que ahora el coste de capital es superior.

Como se ha dicho, muchos Gobiernos ya han tomado medidas para permitir a las entidades financieras deshacerse de activos malos, recapitalizarlas si es necesario y garantizar sus emisiones, para abaratar el coste de la financiación. La etapa actual es la determinación del tamaño de los activos malos, que señalará las necesidades de nuevo capital. Puede que este proceso sea difícil si lo que ocurre es que están retornando a los balances bancarios activos colocados en vehículos, lo que se llamó el shadow financial system.

Pero por eso es importante evitar que las ayudas de liquidez o de financiación se dediquen a perpetuar la situación actual. Esta posibilidad conllevaría el peligro de la creación de problemas de moral hazard. También es importante que las nuevas emisiones garantizadas se dediquen a financiar negocios rentables, puesto que en otro caso se puede distorsionar el mecanismo de mercado al reducir las oportunidades de financiación a otros prestatarios.

Como se sabe todo proceso de desapalancamiento es doloroso para todos los agentes económicos. Implica en primer lugar, reconocer que muchos de los activos en cartera, valen menos. Y, supone una reducción de la velocidad de circulación del dinero por lo que la liquidez vale más y es más escasa. El coste crédito subirá porque las condiciones serán más estrictas y habrá menor disponibilidad, y ello a pesar de la reducción en los tipos ofíciales de interés. Esto afectará a las empresas que pueden verse obligadas a deshacerse, a su vez, de activos poco rentables y a las familias, que deberán reevaluar los motivos y su capacidad de endeudamiento. El proceso de achatarramiento afectará, pues, a todos.

Nieves García-Santos. Economista