En el primer año de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, España ha vivido dos acontecimientos extraordinarios: descendió al abismo y lo superó. Y aunque no está escrito en ningún sitio que no pueda volver a acercarse a su sima, España y Europa han hecho buena parte de las cosas imprescindibles para superar la devastadora crisis general, cebada en nuestro país por el descomunal empacho de endeudamiento de todos los actores económicos durante muchos años de dinero muy barato y de vigilancia laxa de la banca. Lo que ha ocurrido en el primer año de gestión del Partido Popular tiene mucho que ver con cómo estaba la economía cuando Rajoy llegó a Moncloa.
Exagerada o no, el Ejecutivo que hoy cumple un año mostró una aterradora realidad: las cuentas públicas acumulaban tres años completos de déficit descontrolados, la deuda pública crecía como no lo hacía en ningún otro país de la zona euro -un punto de PIB cada mes-, la situación financiera de la estructura territorial del Estado -regiones y ayuntamientos- era calamitosa, y un tercio de la banca más sobredimensionada del continente estaba al borde de la insolvencia. Todo ello con el macabro broche social de cinco millones de parados y un mercado laboral paralizado.
El nuevo Gobierno enterró su programa electoral de estímulos económicos en el primer Consejo de Ministros, e inició una avalancha de subidas de impuestos -una cada quince días- para recomponer las cuentas públicas, rescatar a las comunidades y pagar a los proveedores facturas que aún arrastraban de mucho tiempo atrás. En paralelo, cambió la medicina para la banca, endureciendo hasta dos veces y de forma vertiginosa las provisiones sobre los activos dañados, y sacó a la superficie a las víctimas del naufragio. Los mercados financieros comenzaron a pedir más garantías para mantener la financiación, y se hizo inevitable el rescate bancario, aunque fuese por una cantidad que podía considerarse financiable por nuestros propios medios.
La presión de los acreedores se incrementó por las sospechas de que finalmente, tras las de las comunidades autónomas y una parte de la banca, un ingente volumen de deuda privada se convirtiese en pública y que el Estado tuviese que pedir también el rescate. Dado que España no es ni Irlanda, ni Grecia, ni Portugal, y que, como Italia, es caza mayor, el Banco Central Europeo (BCE) estableció un mecanismo de socorro, y el Consejo Europeo un nuevo fondo de rescate, pero ambos con recurso condicionado. Pero tras cuatro meses pensándolo, el Gobierno solo ha decidido que "no ha pedido el rescate, aunque quizás tenga que hacerlo en el futuro". No es verdad que la decisión esté solo en manos de Mariano Rajoy, sino que depende, y mucho, de la disposición de Alemania, donde Angela Merkel tiene elecciones el próximo otoño y no quiere ensuciar su reelección con el riesgo mayúsculo de recursos a España o Italia o a ambas.
En tanto, con la asistencia financiera del BCE a la banca y la disposición a comprar deuda soberana, el bono a diez años, la referencia para financiar la economía, ha descendido del 7% al 5%. Sigue siendo caro para el Estado, para la banca, las empresas y los particulares. Pero si no hay garantías de que el BCE contribuirá a bajar la prima de forma sostenida, más vale culminar las reformas iniciadas y forzar una bajada no artificiosa de la prima, aunque tarde más.
Cierto es que precisamente eso, tiempo, es lo menos tiene España, porque los cinco millones de parados que Rajoy se encontró son ya seis, y al menos restan dos trimestres de fuerte ajuste laboral, acelerado por una reforma que ha puesto en manos de las empresas instrumentos para el ajuste, y que ha posibilitado una reducción muy apreciable del coste laboral. Ese, y algunos otros -entrada neta de capitales, creación de empresas, relocalización de actividad industrial, atisbos de que el interés extranjero por el mercado inmobiliario empieza a despertarse- son los primeros hilos de luz entre una intensa cortina de niebla que todavía atenaza a la economía española. Para multiplicarlos, el Gobierno tiene que usar su segundo año de mandato para reducir el déficit por debajo del 5% en 2013 y culminar las reformas que no ha hecho: eléctrica, unidad de mercado, administración pública y educación. No le queda mucho tiempo a salvo de las prisas electorales. Si lo aprovecha, Mariano Rajoy logrará alejar definitivamente a España del abismo de 2012.
