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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La cumbre empresarial abre una oportunidad

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá el sábado, 27-N, con los máximos responsables de una treintena de las empresas españolas más influyentes dentro y fuera de nuestras fronteras. No está claro si pretende escuchar sus demandas o exponerles sus planes y, de paso, lanzar una imagen de confianza a los mercados. Como quiera que sea, el presidente debe mostrarse receptivo a las recetas de aquellos que tienen en sus manos gran parte de la posibilidad de crear empleo y riqueza para salir de la crisis. Muchas son las peticiones planteables al presidente, pero el listado se tiene que encabezar por la exigencia de que saque adelante con celeridad las reformas pendientes. Ya ha pasado el plazo de las promesas y ahora solo sirve el BOE. Urgencia, pues, en las reformas; aunque también profundidad.

En esta línea, queda patente que la reforma laboral se ha quedado a medio camino, algo que los empresarios le harán notar al presidente. Cierto que todavía hay margen de maniobra con la tramitación de los reglamentos -especialmente el que regulará los ERE-, con la reforma de la negociación colectiva y con la de las políticas activas cuya formación al trabajador, ocupado o desempleado, se ha de enfocar a las necesidades de una economía en transformación. Pero las empresas necesitan ir más lejos y simplificar un modelo de relaciones laborales que se ha enrevesado con los cambios normativos. En concreto, la resistencia para acabar con el contrato de 45 días ha impedido crear una única fórmula de contratación, sencilla y eficaz, como la planteada por Fedea con indemnización variable. Dentro de la parcela laboral, los empresarios también han de pedir valentía al presidente ante una reforma de las pensiones que debe garantizar solidez financiera y, así, asegurar los ingresos a los futuros jubilados. Lo que exige ampliar la edad de jubilación, alargar los años cotizados para tener derecho a pensión y aumentar el periodo de cálculo frente a los 15 años actuales.

Pero el trascendental capítulo laboral no es la única losa sobre la dinámica de las empresas y el modelo productivo español. La Administración precisa una revisión en su conjunto, y especialmente del estatus de las comunidades autónomas, con el fin de evitar duplicidades que sangran las cuentas públicas y generan una burocracia que lastra a las empresas.

La reapertura y normalización del crédito, principalmente hacia el tejido industrial, es otra de las reclamaciones empresariales. Puede que esta carencia no sea tan dramática en las grandes empresas como en las pymes, pero todas son víctimas de la falta de liquidez de sus clientes y proveedores. En la misma parcela financiera, queda pendiente el control de prácticas poco ortodoxas de los inversores que abusan de instrumentos financieros como los derivados, en especial los CDS, o las ventas a corto, perjudicando seriamente la financiación tanto pública como corporativa a través de los mercados.

El sector energético estará ampliamente representado en cumbre empresarial del sábado en La Moncloa. Es imprescindible abordar el desajuste entre unas tarifas eléctricas que durante años no cubren los costes de producción y acumulan un déficit gigantesco. El Ejecutivo debe poner fin a este sinsentido económico, como también reorganizar un sector con multitud de flancos abiertos.

Este sábado habrá más peticiones, pues el listado de deficiencias es extenso. Sin embargo, hay dos cosas que José Luis Rodríguez Zapatero no debe obviar en la reunión. Primero, que las 30 grandes compañías representan una parte, eso sí, muy importante, del tejido empresarial español, pero que éste está formado mayoritariamente por pymes. Eso hace destacar más la ausencia de representantes de pequeñas y medianas empresas en la cumbre del 27 de noviembre. Y segundo, que las reformas pendientes implican una verdadera revolución, que exige unos consensos mínimos con la oposición. El PP sigue alejado de mostrar interés por los pactos, pero el Ejecutivo está en la obligación de intentar establecer puntos mínimos de encuentro, que den a las empresas una señal de confianza y continuidad imprescindible para tomar sus decisiones de futuro.

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