Jueves, 04-12-2008 - Actualizado a las 8:35 h.
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Editorial
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03/09/2008
El desempleo es la cara más amarga de una crisis que en doce meses se ha cobrado medio millón de parados (400.000 desde enero). Se superan así los 2,5 millones de desempleados para volver a cifras desconocidas desde hace diez años. Sólo el pasado agosto, las oficinas públicas de empleo registraron 100.000 nuevas personas y los afiliados a la Seguridad Social descendieron en 244.600. Aunque estos datos tengan un indudable componente estacional al finalizar las contrataciones veraniegas, no se debe edulcorar su dramatismo. Ha sido el peor agosto para el mercado laboral en muchos años: el número de parados se ha duplicado frente al mismo mes de 2007 y la Seguridad Social ha perdido 38.000 afiliados más.
El presidente del Gobierno ha declarado que luchar contra el desempleo es su prioridad. Y así ha de ser. Porque al grave coste social del paro se suma el económico, que implica una sangría para las arcas públicas. Las prestaciones a parados alcanzaron hasta julio los 10.861 millones -un 70% de lo presupuestado para todo el año-. A esta cifra hay que sumarle ahora las ayudas para los nuevos parados de agosto. Y lo previsible es que vaya en aumento los próximos meses, como reconoce el Gobierno, lo que significa que otras partidas presupuestarias se resentirán en un momento económico en que la inversión pública se hace cada vez más necesaria. Los ingresos ya vienen reflejando una merma por la menor recaudación del IRPF, que también empeora. Todo ello se conjuga difícilmente con un déficit público que ya alcanza los 10.000 millones de euros. Por ende, el aumento del paro es una rémora para el ya anémico consumo de los hogares.
Atajar el paro es una prioridad de primer orden. Y se equivoca quien piense que para resolver el problema hay recetas milagrosas. Es obvio que la única manera de combatirlo es crear empleo, y eso exige una economía pujante. Sin embargo, hoy todos los sectores -no sólo la construcción como insiste el Ejecutivo- están tocados por la crisis.
En medio de este panorama, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que el próximo miércoles, al explicar la situación económica ante el Congreso, presentará medidas para recolocar a quienes han perdido su trabajo en la construcción. Es previsible que algunas de éstas sean abordadas hoy en la reunión del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales, en la que Trabajo ha señalado que pondrá sobre la mesa la necesidad de acelerar el plan de empleo para 2009. Hará bien el Ejecutivo si le da a este proyecto carácter de urgente. Sobre todo si no se queda en lo que ha trascendido: recolocar 100.000 parados en actividades 'de interés colectivo', como rehabilitar edificios públicos, conservar espacios forestales o servicios sociales a colectivos con dificultades. Un plan que, a falta de conocerse en detalle, se queda corto e iría en dirección equivocada si ese empleo se carga a las arcas públicas, porque la misión del Ejecutivo no es ésa, sino crear el marco en el que el empleo se desarrolle.
A los representantes del Gobierno y de los agentes sociales no les va a faltar trabajo, y su responsabilidad es tan grande como las dificultades que anuncia el mercado laboral. La situación requerirá serios esfuerzos de todas las partes.
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