España contabiliza ya con este que acaba de comenzar nada menos que seis años largos de crisis, con unos efectos devastadores sobre la riqueza agregada y unitaria de los españoles, solo soportables por los mecanismos de estabilización automática del estado del bienestar, y por el tamaño y la integración alcanzado por la economía nacional en las dos últimas décadas. La naturaleza de la crisis actual no es muy diferente de la que tenía la de los noventa, con algunas variables que multiplican su dimensión, pero las soluciones de entonces no valen ahora y son, además de más lentas en la generación de resultados, más dolorosas para la población.

El hecho simple de que tras cinco años prolongados de crisis la actividad siga contrayéndose y nadie se atreva a situar en el medio plazo ni siquiera el horizonte de estabilización, y en los que los pequeños paréntesis de crecimiento no han servido para generar empleo, hace a este ciclo especialmente singular. En los noventa, pese a la virulenta pérdida de masa laboral de 1993 y 1994, el año seis a partir del epicentro de la recesión generaba empleo en cantidades importantes, y todas las variables de ingresos públicos y riqueza privada avanzaban. Pero hoy no hay ni una sola variable contante y sonante que pueda exhibirse como alentadora, más allá de la balanza comercial y de pagos, que comienza a entrar en la zona de los superávits, aunque lo hace más por la reiterada y profunda debilidad de la demanda interna que por la agitación de la externa.

En España las crisis se han generado históricamente por la pérdida continuada de competitividad que provocaban las acumulaciones de inflación y tenían reflejo en una desequilibrada balanza de pagos. Ocurrió en los noventa y ha ocurrido ahora, cuando España se llevaba la palma de los desequilibrios por cuenta corriente en el mundo, tras una etapa de excesos en la importaciones de bienes y capitales para cebar la insaciable demanda de consumo e inversión -endeudamiento-. Y hasta la entrada en 1999 en el euro, se solucionaban y combatían siempre de la misma forma: devaluando la divisa para devolver los precios artificiales generados por la inflación a niveles competitivos, aunque ello supusiese un empobrecimiento de las rentas nativas, sobre todo las de aquellas personas y sectores que habían generado mayores índices de productividad.

Así, en los años de la crisis de los noventa los sucesivos Gobiernos aplicaron agresivas devaluaciones de la peseta, hasta cuatro, que recompusieron la relación real de intercambio de todo cuanto España fabricada. A las devaluaciones se acompañaron cambios normativos con efecto multiplicador, como bajadas de impuestos -ahora impensables-, abaratamientos del empleo con bonificación de cuotas y una nada despreciable avalancha de entrada de recursos por el boom turístico que provocó el conflicto bélico de Yugoslavia. Todo ello puso una alfombra verde para que las cuentas públicas se saneasen hasta el punto de cumplir los objetivos de déficit exigidos por la Unión Europea para entrar en la gran aventura del euro.

Hoy, con una crisis más destructiva por el alto grado de deuda de las empresas y las familias, y poco a poco del Estado, que ha tenido que encajar las pérdidas de una parte de la banca, las autoridades están maniatadas: no hay política cambiaria, no hay política monetaria y no hay, por sobreendeudamiento, política fiscal. Todo está en manos de Bruselas y Fráncfort, y el Ejecutivo solo puede aplicar cambios normativos que remuevan los mercados de bienes, factores y servicios.

La salida de este círculo vicioso de destrucción de riqueza y empleo solo puede venir, una vez más, de la depreciación de los costes y de los precios, pero ante la falta de una medida quirúrgica como la devaluación ha de hacerse lentamente con reformas más ambiciosas y radicales, así como más dolorosas para los ciudadanos. Los cambios del Gobierno marcan el camino, especialmente el laboral, que permite movilizar variables como los salarios para lograrlo, aunque no haya evitado en su primer año una avalancha de despidos para estabilizar la economía y ajustar las plantillas de las empresas a los niveles de la demanda. Falta por abaratar costes energéticos, adelgazar la función pública y dar certeza y credibilidad a un sistema de pensiones con riesgo financiero.