El balance de los recursos que las empresas dedicaron a la innovación en 2010 arroja un saldo preocupante. Según datos del INE, el gasto en ese capítulo descendió algo más del 8%, hasta situarse en su nivel más bajo desde 2005, y un 20% de las compañías que invertían en esta actividad ha dejado de hacerlo. Ello se debe a dos grandes razones: la escasez del crédito bancario y el importante recorte de ayudas públicas asignadas a esta partida, especialmente por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Es indiscutible que la austeridad es una de las grandes líneas maestras que deben regir la política económica española en estos momentos, de cara a cumplir con los objetivos de consolidación fiscal que exige Bruselas. Pero, como enseña la clásica ley samuelsoniana de los cañones o la mantequilla, toda asignación de recursos conlleva un coste de oportunidad que ha de meditarse en profundidad. La I+D+i constituye una de las piezas fundamentales para estimular el crecimiento económico y sentar las bases del cambio de modelo productivo que España necesita. Por ello, y mientras no se recupere el mercado del crédito, el nuevo Gobierno y las comunidades autónomas harían bien en recordar que apostar por la innovación no solo es un gasto, sino también una inversión de futuro.