El reconocimiento tardío de la crisis y la creencia ciega en la indestructible solidez del sistema bancario tendrán un incalculable coste para la economía española. Cuando ha aflorado, varias entidades -las más débiles y con gestión menos rigurosa- se han embarcado en soluciones arriesgadas que, además de no esquivar la quiebra, solo evitada con dinero público, han levantado la alerta social. Los damnificados son numerosos y la bandera de la depuración ha comenzado a exigir responsabilidades. El caso más significativo es el de Bankia, en el que la Audiencia Nacional, a raíz de la denuncia de Unión Progreso y Democracia, ha imputado a una treintena de exgestores, acusados de presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas, estafa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. El desatino financiero ha sido notable y deben depurarse todas las responsabilidades. Pero con el sosiego, la prudencia y la justeza precisas. En estas situaciones es muy sencillo cometer excesos que luego tienen difícil reparación, en especial cuando, como es el caso, es el conjunto de España el que está en el punto de mira de los insaciables mercados. La oleada purificadora en determinadas prácticas bancarias ha visitado muchos países. Y bien está si fortalece las instituciones. Pero debe ser medida y justa para no convertir el remedio en algo peor que la dolencia.