Costes energéticos, el reto de la industria cementera
El sector cementero español se está hundiendo en la que sin duda podemos calificar como la peor crisis de su historia. En sólo cinco años el consumo interno de cemento ha pasado de los 56 millones de toneladas de 2007, a los 14 millones previstos para 2012, una cifra de ventas irrisoria que no veíamos en España desde hacía 50 años. Por desgracia, esta situación no va a mejorar en el medio plazo ya que Oficemen prevé una nueva caída del 20% para 2013, lo que colocaría a la centenaria industria cementera española, una de las de mayor arraigo en nuestro país, en una situación insostenible.
A esta caída libre de las ventas, que ha desembocado en una crisis estructural para nuestro sector, motivada por la paralización de la edificación privada y por el constante adelgazamiento de la inversión en infraestructuras, se suma ahora un riesgo añadido, el del incremento de los costes energéticos.
La factura eléctrica supone en la actualidad un 18% de los costes totales de producción y un 32% de los costes variables de la industria cementera española, una cifra ya muy superior a la que tienen que afrontar las empresas de nuestro sector en países vecinos más competitivos. De aprobarse en los términos actuales el anteproyecto de ley de medidas fiscales para el sector eléctrico, ese coste se incrementaría un 16% más, algo que nuestras fábricas, a la cabeza del triste ranking industrial de los más afectados por la crisis, simplemente no pueden permitirse.
Los costes energéticos de la industria cementera incluyen además otra importante variable, que eleva hasta un 40% el desembolso en energía que las fábricas deben hacer para producir cemento. Me estoy refiriendo al combustible de nuestros hornos, principalmente coque de petróleo, combustible fósil que progresivamente, y gracias al esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, empresas, sindicatos y trabajadores, estamos sustituyendo por combustibles alternativos.
Es el momento de recordar que en España, según los últimos datos de Eurostat, casi un 60% de nuestros residuos municipales terminan en el vertedero, lo que nos sitúa a la cola de la Unión Europea, por delante de Portugal, Rumanía y Bulgaria; mientras que otros países más competitivos de nuestro entorno, como Alemania, solo desechan de esta forma un 0,5% de sus residuos. Y en este escenario, el sector cementero trabaja para aprovechar la energía que existe en los residuos que no se pueden recuperar ni reciclar y que acabarían en el vertedero. Defendemos así la jerarquía en el tratamiento de los residuos establecida por la UE, en la que se prima la prevención, reutilización, reciclado y valorización frente a la eliminación en vertedero.
Es un hecho que las industrias de otros países han reducido costes energéticos mediante la sustitución de combustibles fósiles por residuos, no reutilizables ni reciclables. Y en nuestro país, este mecanismo, aparentemente simple y sin duda beneficioso para la sociedad, es un balón de oxígeno que nuestra industria, acuciada por la crisis de consumo y el incremento progresivo de los costes de producción, no puede desaprovechar.
Para ello, la industria cementera española ha invertido en los últimos años cerca de 400 millones en la adecuación de sus instalaciones. Desde 2009 prácticamente hemos duplicado los porcentajes de combustibles recuperados usados en nuestros hornos, pasando de un 12% a un 22%. Por desgracia, aún es necesario un compromiso mayor por parte de la sociedad y las administraciones públicas para que la ecuación funcione; fomentando la recuperación energética en detrimento de los vertederos -cuyas emisiones de CO2, y sobre todo de metano, son muy dañinas para el efecto invernadero-, como propugna el modelo alemán y otros países del entorno que alcanzan cifras de sustitución de combustibles fósiles por residuos superiores al 80%.
El sector cementero español necesita, y lo necesita ya, una factura eléctrica más racional, equiparable a la de los países de nuestro entorno; necesita que las inversiones en infraestructuras se reactiven y, por supuesto, necesita todo el apoyo de la Administración para que los porcentajes de sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternativos continúen aumentando. De lo contrario, y mientras nuestros costes paralicen nuestra competitividad y nuestra capacidad exportadora, justo ahora que es cuando más la necesitamos, el fantasma de la deslocalización continuará planeando sobre nuestras plantas o abocándolas a un duro reajuste de su capacidad de producción.
Juan Béjar. Presidente de la Fundación CEMA y de OFICEMEN