El coste de la cadena de distribución alimentaria

La abultada diferencia entre los precios que se pagan a los agricultores por los alimentos que producen y lo que éstos cuestan al consumidor al final de la cadena en la superficie comercial es motivo frecuente de queja por parte del sector agrario español.

Sólo hace unos días miles de agricultores protestaban en Madrid, entre otros asuntos, por esta situación y solicitaban al Ministerio de Agricultura medidas para fomentar el equilibrio y la transparencia del mercado. La brecha entre lo que ingresan los productores -según el propio Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura- y lo que paga el consumidor final en la superficie comercial invita a preguntarse si no hay márgenes excesivos en algún eslabón de la cadena. ¿Es normal que se pague en el campo 0,15 euros por un kilo de naranjas y en el supermercado cueste 1,24 euros, es decir, casi diez veces más? ¿Tienen justificación real estos márgenes? ¿La Administración ha de permanecer al margen del libre juego de la oferta y la demanda o debe establecer medidas a favor de la transparencia del mercado?

Los ejemplos que ilustran esta situación son abundantes. En el caso de las clementinas, según denunciaba recientemente una organización agraria, sólo el 10% del precio que paga el consumidor final va a los bolsillos del agricultor, el 31% se queda en manos del mayorista y el restante 59% corresponde a la superficie comercial. Además, el consumidor de a pie constata atónito el precio que adquieren determinados alimentos, sobre todo frutas y verduras, convertidas casi en un artículo de lujo en determinadas épocas del año. Ante las quejas de los productores de España -el segundo país de la Unión Europea con los precios alimentarios más altos-, el Ministerio de Agricultura del PP creó hace años un observatorio para incrementar la transparencia en el mercado. La actual ministra del ramo, Elena Espinosa, anunció en 2004 la mejora de esta herramienta con el fin de detectar comportamientos anómalos en la formación de los precios y anticipar con 10 o 15 días de antelación el impacto de las posibles subidas de los artículos en el IPC mensual. Las fuentes del sector agrario consultadas aseguran que la eficacia de estas medidas está siendo muy escasa y que el productor ve impasible cómo sus productos cada vez valen menos y cuestan más para el consumidor final.

Lo cierto es que la reivindicación sobre una mayor transparencia en el mercado y una mayor proporcionalidad entre los precios en origen y en destino de los alimentos, sobre todo los hortofrutícolas, está en la agenda de todas las organizaciones agrarias. Tanto Asaja como UPA y COAG han hecho bandera de este asunto con frecuencia tratando de defender los intereses de los agricultores españoles. Se puede decir que las medidas puestas en marcha por los últimos Gobiernos en este ámbito han satisfecho poco o nada sus aspiraciones. Incluso el propio secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, afirmó en 2004 cuando era número dos de Agricultura que era 'partidario de equilibrar posiciones en la cadena alimentaria y defender a los eslabones más débiles', al tiempo que señaló que el Gobierno haría hincapié 'en el seguimiento de los mercados' tanto en la formación de los precios como en los flujos de oferta y demanda.

Un informe reciente de COAG revela, a juicio de esta organización agraria, que los precios en origen llegaron a multiplicarse hasta 11 veces en destino y estima que la diferencia media está en un 390% de diferencia. Según el sector agrario, este diferencial se produce en un contexto de precios bajos en origen, lo que está provocando una disminución de la renta agraria. Este indicador se redujo el 3,7% el año pasado en España.

Pero la posición de la industria de la distribución -el último tramo de la cadena antes de que el producto llegue a la cesta del consumidor y que es la que fija los precios de venta- es bien distinta. Fuentes del sector de la distribución sostienen que en la actualidad en España no existe un problema de precios de los productos alimentarios sino que convergen dos factores que explican las recientes movilizaciones de los agricultores. Por un lado, explican, la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales y la intención de desgastar al Gobierno central desde una parte del sector agrario. Por otro, aun sin haber una crisis de precios, estas fuentes sostienen que la entrada en producción de una gran cantidad de hectáreas de nuevos frutales -sobre todo en Andalucía- está haciendo que exista una sobreoferta de producto en el mercado, con el consiguiente descenso de los precios. Según estas mismas fuentes, algunos dirigentes agrarios les habrían reconocido en privado que el objetivo de estas protestas es crear en la opinión pública la sensación de que el mercado funciona anormalmente y el consumidor es engañado, lo que inmediatamente podría llevar al Gobierno -presionado por los consumidores- a actuar.

Sin embargo, la posición de los distribuidores es que sus márgenes apenas se incrementan levemente, el mercado funciona hoy de forma mucho más transparente que hace años y la oferta de productos ha mejorado de forma notable en calidad, cantidad, variedad y seguridad alimentaria, por lo que el consumidor ha de convencerse de que todo esto incrementa los costes de la cadena y el precio final que hay que pagar. Desde el sector de la distribución se pone como ejemplo de este cambio la desaparición del frutero tradicional que podía echar en la cesta del cliente una pieza mala y otra buena. Esto ya se acabó, afirman. Ahora toda la fruta se expone ante los ojos del consumidor, por lo que tiene que presentar un aspecto intachable.

La distribución considera que en muchas ocasiones los agricultores que protestan por este motivo suelen ser los de más edad, que no se dedican a tiempo completo a la producción y que no han entrado -por carecer de producción suficiente- en las nuevas fórmulas de relación que impulsan las superficies comerciales. Estas tratan cada vez más de firmar acuerdos a medio plazo (entre tres y cinco años) con productores que a su vez son comercializadores en origen, es decir, que llevan el producto al supermercado listo para vender. Esta tendencia a concentrar los distintos pasos de la cadena de los alimentos asegura una mayor estabilidad de los precios, que la práctica tradicional de que la producción pase por distintos comercializadores antes de llegar al estante de la superficie comercial.

Aun siendo probablemente ciertos estos argumentos que esgrime la distribución, son muchos los consumidores -la gran mayoría, también, desconocedores de todos los costes que implica la cadena alimentaria- que ven con estupefacción los precios de determinados productos al menos en algunas superficies comerciales y sospechan que en alguna parte del proceso pueda haber algún margen excesivo. Y éste es un problema para el que es difícil encontrar soluciones.