Los promotores inmobiliarios, el sector empresarial con mayores y más continuados márgenes en el negocio del último decenio, están alarmados por la imagen de corrupción generalizada que envuelve al sector. Para tratar de recomponerla proponen una serie de medidas bastante recurrentes, pero de difícil aplicación administrativa, jurídica y política. Plantean revisar todos los procesos de calificación de suelo, modificar los mecanismos de financiación local para evitar su dependencia urbanística y dar plena publicidad en internet a la tramitación de cada expediente. La primera supone deconstruir buena parte del boom inmobiliario y lo segundo, replantear el reparto de poderes económicos ya santificados por los tribunales.

¿No sería suficiente con que cada promotor denunciase en los juzgados cada petición de soborno de responsable público, así como cada pago efectuado con dinero negro, proceda de particulares o de sociedades?