Los devastadores efectos que la crisis económica está teniendo sobre el grueso del tejido empresarial español se reflejan en toda su crudeza en las estadísticas de la Agencia Tributaria. El último informe de la AEAT revela que el 60% de los casi 1,4 millones de empresas -de las casi cinco millones que existen en España- que declararon el año pasado el impuesto sobre sociedades registraron pérdidas. La cifra -verdaderamente escalofriante- constituye el peor dato de la serie histórica y una instantánea harto elocuente del vertiginoso resquebrajamiento económico que vive nuestro país. Como consecuencia de ese proceso, las arcas de Hacienda han acusado una sustancial caída de ingresos. Hace solo un lustro, la tributación sobre sociedades aportaba al Estado casi 45.000 millones de euros; hoy, la cifra se ha reducido a solo 20.000. Una cantidad que aún podría haber sido menor si el Gobierno no se hubiera visto obligado a apretar las tuercas fiscalmente a las empresas en su carrera contra reloj para equilibrar las cuentas públicas. Asfixiadas por los malos resultados y acosadas por la falta de crédito, las deudas y el lastre de los impagos, la presión impositiva sobre las compañías parece haber alcanzado su recorrido máximo en la actual coyuntura económica. Más aún si se tiene en cuenta que los grandes grupos consolidados pagaron a Hacienda el año pasado un 5% de sus beneficios, frente al porcentaje del 15% que abonaron el resto de las empresas y el sacrificio aún mayor que realizaron las pequeñas sociedades. Una disparidad insostenible que no se debe al tipo del impuesto que se aplica sobre el papel a unos y otros modelos de sociedad, sino al alambicado y complejo entramado de ajustes fiscales y el amplio abanico de deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales que ofrece el tributo y del que los grupos consolidados obtienen -de forma perfectamente legal- importantes ventajas.

Ante semejante escenario, las opciones para mantener viva la recaudación fiscal en materia de sociedades por parte del Gobierno no son excesivas. De poco o de nada sirve incrementar la carga impositiva a las empresas cuando la coyuntura económica las castiga con tanta dureza. En el extremo opuesto, los casi 3.000 grupos consolidados que existen en nuestro país -cuyos beneficios superan en conjunto al del resto de las sociedades- cuentan con mucho mayor potencial para contribuir a la tarea de equilibrar el balance fiscal de España. No se trata de castigar fiscalmente a las grandes empresas, cuya aportación al conjunto de la economía resulta fundamental, sino únicamente de corregir la disfunción que supone un modelo tributario en el que una empresa individual paga un tipo efectivo del impuesto sustancialmente más alto que un gran grupo empresarial.