Más convicción en la agenda reformadora
Si el éxito de una huelga general se mide por el grado de paralización del país, entonces la de ayer fue un fracaso que quedó muy lejos, por ejemplo, de la gran movilización del 14-D. Aquel día de 1988 las calles estaban desiertas, los comercios y pequeños negocios cerrados, los transportes completamente paralizados y la incidencia del paro fue masiva en todos los sectores, industriales, agrícolas o de servicios. Sin entrar en estériles guerras de cifras, el resultado de ayer no se asemeja ni de lejos a aquella jornada histórica en el movimiento sindical, que obligó al también Gobierno de Felipe González a dar un volantazo a su política hasta el llamado giro social. Ciertamente, ayer se vieron fuertemente afectadas actividades como la industria, el transporte, la educación y la construcción, que tienen importante representación sindical. Aun así, no basta para calificar de éxito -como hicieron machaconamente todo el día de ayer los dirigentes de CC OO y UGT- una movilización que pretendía poner contra las cuerdas la reforma laboral de Ejecutivo. En cualquier caso, hay que destacar la responsabilidad mostrada por los huelguistas a la hora de evitar la violencia, y salvo incidentes aislados con algunos piquetes y alguna provocación salida de tono, la huelga general transcurrió con normalidad.
Pero eso fue ayer. Ahora es momento de la autocrítica. A los sindicatos les corresponde analizar con realismo la merma en su capacidad de movilización, en parte maquillada por las manifestaciones vespertinas, y asumir que su estrategia defensiva durante esta crisis, ausente de propuesta y de capacidad de compromiso, les están pasando factura. No es acertada su decisión de aferrarse a un modelo laboral obsoleto, que actúa como rémora de la recuperación de la economía, mientras las cifras de desempleo engordan cada día. Por no hablar de esa ilusoria campaña contra unos mercados financieros a los que han convertido en fuente de todos los males. El resultado de la huelga deja entrever que los trabajadores analizan la realidad mejor que los dirigentes sindicales, y que están dispuestos a poner sobre la mesa mayores dosis de realismo a cambio del empleo que genera una economía más competitiva.
Al Gobierno le corresponde también sacar serias conclusiones. El pobre seguimiento de la huelga general refuerza su voluntad de reformas iniciada en primavera tras el castigo de los mercados financieros. Ahora, con más razón, ha de continuar con los cambios imprescindibles para generar un modelo económico más productivo, que ensanche la capacidad de generación de ocupación estructural y entierre el perverso modelo dual que condena a ocho millones de españoles a la precariedad si todo va bien y al paro si todo va mal. Sin embargo, cometerá un grave error si no interpreta con acierto la notable asistencia a las manifestaciones con las que se cerró la jornada de protesta. Los ciudadanos han dicho no a la huelga general, que no debe traducirse en un ciego apoyo al Gobierno, a juzgar por el eco de protesta de las manifestaciones de las grandes ciudades en la tarde de ayer. La errática estrategia del Ejecutivo en esta larga y penosa crisis le ha restado una confianza difícil de recuperar. En este sentido, es bienvenido el sosegado tono con el que ayer interpretó la jornada el saliente ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. La invitación a los sindicatos a negociar las reformas es un buen presagio. Es preciso que se reincorporen pronto al diálogo social en igualdad de condiciones que la patronal. También CEOE está obligada a hacer su análisis. La representación de la patronal no atraviesa su mejor momento, y su debilidad ha dificultado unas negociaciones cuyo fracaso ha desencadenado la tan inútil como costosa huelga de ayer. Igualmente, ha dejado mucho que desear la actitud del principal partido de la oposición, que ha antepuesto obscenamente sus intereses al bien general.
El Gobierno tiene que apoyarse en todos para reforzar su agenda reformadora, una vez superado el trance de la huelga, que tenía en cuarentena el programa que los mercados financieros y las autoridades comunitarias han exigido para seguir financiando la economía y restablecer el crédito del país. Sin él, no hay futuro que valga, no hay futuro que devuelva a España a los niveles de bienestar que tenía hace tres años, y sin los cuales no hay equilibrio social posible.