La reforma que tiene pendiente la Administración pública española cuenta con varios frentes abiertos de distinta naturaleza y problemática diversa. Los efectos de la crisis económica y la obligación de cumplir con los objetivos de déficit fiscal marcados por Bruselas han convertido esas reformas en una urgencia aparentemente coyuntural cuando buena parte de ellas responden a unas deficiencias de origen casi estructural.
Es el caso, entre otros, de los problemas de eficiencia que arrastran muchas Administraciones públicas y cuya consecuencia más evidente es un desequilibrio no solo en materia presupuestaria, sino también en cuestión de tiempo y oportunidad. Como parte de las acciones encaminadas a tratar de optimizar al máximo los recursos públicos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha transmitido a algunos organismos la orden de aumentar el control sobre los funcionarios para garantizar que se cumple la jornada laboral completa. Un horario semanal de 37,5 horas que ha sido implantado a través de una orden ministerial publicada en el BOE el pasado 29 de diciembre.
La intención del Gobierno con esta medida es impedir que el nuevo modelo de jornada laboral se convierta en papel mojado, dados los problemas de aplicación que las nuevas directrices están suscitando en muchos centros de trabajo. Esas barreras están integradas por una batería de derechos adquiridos -jornada reducida los viernes o durante los tres meses de verano, por ejemplo- que será necesario sortear para poner en práctica los planes del Gobierno. El sistema de control establecido por el ministerio consiste en un registro de entradas y salidas del personal que deberá ser remitido de forma trimestral.
La medida ha sido recibida con descontento por un colectivo que ha visto modificadas sus condiciones de trabajo como consecuencia de los recortes enmateria de gasto. Además de la modificación de la jornada laboral, el colectivo de funcionarios y empleados públicos ha sufrido recortes salariales -en forma de supresión de pagas extraordinarias- y ha visto aumentado al mismo tiempo el control del absentismo. A ello se ha unido el debate generado en España sobre la eficiencia de la gestión pública, así como las críticas a ciertas ventajas de que dispone el personal de las distintas Administraciones.
Sin duda, muchas de esas críticas deben ser matizadas, dada la amplitud y variedad de los cuerpos de empleados públicos y la alta especialización y productividad de algunos de ellos. Pero es difícil negar que los males de la Administración pública existen y es difícil también justificar el mantenimiento de unas deficiencias y unos privilegios que en el escenario actual el sector público español no puede permitirse el lujo de conservar.
Comentarios
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1 ELEMENTAL - 18-01-2013 -13:35:22h
funcio, nos sales clasista?? Solo te ha faltado hacer mención a los registradores de la propiedad, jo, jo, jo, jo, jo, Un ingeniero del estado?? NI SIQUIERA SABÍA QUE EXISTÍA ESA FIGURA!!! Inspecto de Hacienda??? PERO SI NO SÉ QUÉ HACEN!!! Estoy convencido de que el trabajo que hay lo sacan los del C2 a los que haces mención. Bueno, bonito y barato.
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2 ELEMENTAL - 18-01-2013 -13:31:23h
Por el mero hecho de que se apruebe una oposición NO SE PUEDE GARANTIZAR UN PUESTO DE TRABAJO PARA TODA LA VIDA.
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3 ELEMENTAL - 18-01-2013 -13:30:06h
Cualquier empresa que circunstancialmente está en pérdidas tiene que o replantear su estrategia o recurrir a ERE's para que el proyecto siga siendo viable. Es algo elemental que una sociedad madura debe comprender. UNA SOCIEDAD DE FUNCIONARIOS NO VA A NINGUNA PARTE. Es algo elemental. Si el estado tiene problemas de déficit -muy graves- está claro que tiene que tomar decisiones que sí o sí van a afectar a sus empleados (públicos). Y por favor, prescindan los funcionarios de los típicos argumentos "sobran políticos" (seguro!!!) porque en definitiva ellos también han salido muy beneficiados de la gestión política en la medida en que han conseguido privilegios DE LOS QUE NADIE DISFRUTA. Y POR FAVOR, MÁS IMPUESTOS A LAS PYMES NO. La crisis no puede pagarla quien más trabajo crea.
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4 funcio - 18-01-2013 -13:08:57h
Maria ¿y quién te dice a tí que los funcionarios no cumplimos? Ahh! que te lo ha dicho Beteta, Montoro y los topicazos que cuentan los envidiosos, que no lo sabes de primera mano. Pues te explico que, en mi caso pòr ejemplo, la ley me da unas obligaciones de redactar cierta clase de informes de alta responsabilidad, que como no los llevase al día, se me acumularían y la gente podría denunciar a la administración y a mí me podrían echar a la calle por abandono de mi trabajo (la gente no lo sabe, pero a los funcionarios se nos puede echar si no trabajamos). Así que menos cuentos, que la mayoría de los funcionarios trabajamos mucho más que en el sector privado, y no podría ser de otra manera porque somos los más capaces, los que entre cientos y miles hemos conseguido el puesto por nuestra capacidad y voluntad, que es innata en nosotros incluso después de aprobar la opoción. Otra cosa son los funcionarios administrativos C-2 de ventanilla, que son el 0,0005%, que muchos los colocan allí por ser precisamente los únicos vagos que hay. y claro, como son los de cara al público son los que dan la imagen. Me gustaría que hablases alguna vez con un abogado del estado, inspector de hacienda, médico o ingeniero del estado. Seguramente te quedarías con la boca abierta y te asombrarías de que la adminstración nos tenga a su servicio por tan poco sueldo.
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5 Paredoin - 17-01-2013 -15:54:45h
El proceso ya está en marcha. Se trata de echar a cuatro funcinatas mieleuristas y sustituirlos por un asesor, modelo Carromero, de los de 40.000 eurazos al año a los que nadie controla ni exige nada, y ya veran como la eficiencia y productividad de la administración se dispara. No les quepa la menor duda.
