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Tribuna
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La continuidad de Garoña

Como es bien sabido, el día 5 de julio vence la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. Para poder continuar la operación de la misma, su empresa propietaria Nuclenor solicitó la oportuna renovación, habiendo emitido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe favorable para operar hasta el año 2019. Ahora corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio resolver, a la vista del citado informe preceptivo del CSN, la solicitud de renovación por 10 años presentada por Nuclenor como titular de la instalación.

Es obligado aclarar, en primer lugar, que el término de vida útil de una central, tan manipulado para tratar de justificar una intencionalidad puramente política, se define según el propio CSN como el periodo de tiempo desde su puesta en marcha hasta su retirada del servicio, siempre que se mantenga su capacidad de generación de energía con el nivel de seguridad exigido. La vida útil puede ser mayor que la vida de diseño (en las centrales españolas, 40 años), siempre que las condiciones reales de operación hayan sido menos severas que las supuestas en el diseño. Tanto Garoña como el resto de centrales españolas se están preparando desde hace bastantes años para esta operación a largo plazo (más allá de los 40 años) al ir modernizando las instalaciones y adoptando las nuevas exigencias reguladoras.

Es bueno entender por qué el CSN, que de acuerdo con su ley de creación es en España la única autoridad competente en seguridad nuclear y protección radiológica, ha dado su informe favorable a la continuidad de la operación de la central por 10 años adicionales. No cabe duda de que el fundamento está basado en el estado de la instalación, la profesionalidad y experiencia de su personal, así como el compromiso de la dirección y las empresas propietarias de Nuclenor (Endesa e Iberdrola), tal como ha podido comprobar el CSN al analizar los resultados de la revisión periódica de la seguridad presentados por la central al solicitar la renovación de la autorización de explotación y los de la evaluación continua a la que están sometidas las centrales nucleares durante su operación. Esta excelente situación de la central está también avalada por las distintas evaluaciones efectuadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y otros.

Adicionalmente, hay que destacar que Garoña es una central cuyo origen de la tecnología es EE UU, donde la NRC, organismo homólogo a nuestro CSN, ha concedido permisos para operar hasta los 60 años a 52 centrales, siendo varias de ellas de diseño similar, de la misma época y con base en la misma normativa de seguridad.

Ahora, una vez confirmada la capacidad técnica y legal para aprobar la continuidad de la operación de Garoña hasta el año 2019, tras el informe favorable de la autoridad competente en ello (el CSN), requiriendo unas modificaciones de mejora a las que se ha comprometido Nuclenor, se recogen a continuación otras razones no menos poderosas para que el Gobierno autorice el funcionamiento de la central durante los próximos 10 años.

Consideramos en primer lugar el factor humano, y más en estos tiempos de tanta precariedad laboral, el mantenimiento del empleo asociado a la central tanto en cuanto a personal propio como a contratistas y empleos indirectos en la zona de influencia del valle de Tobalina y en poblaciones como Miranda de Ebro, Medina de Pomar, etcétera, todo ello sin olvidar las aportaciones que vía impuestos, tasas o donaciones de la central revierten en el entorno.

Si hablamos de medio ambiente, conviene recordar que la operación de Garoña hasta 2019 evitaría, si como es lo más probable su producción fuera sustituida por otra tecnología, la emisión de alrededor de 25 millones de toneladas de CO2, que a un precio mínimo de 15 euros/t, supone un ahorro de 375 millones de euros, que se pagarían al exterior porque España es deficitaria en derechos de emisión.

Una decisión contraria a la continuidad de Garoña daría una imagen muy negativa en el exterior y especialmente en aquellos países que con centrales nucleares en operación o en construcción son clientes de nuestras ingenierías, empresas de servicios, fabricantes de bienes de equipo, combustible nuclear, etcétera. Por otra parte, también estaría en contradicción con los acuerdos de cooperación en materia nuclear firmados con otros países con un importante plan de instalación de nuevas centrales nucleares.

Si hablamos de competitividad, tan necesaria para la industria española, la continuidad de Garoña hasta el 2019, teniendo en cuenta el menor coste de la generación de electricidad de origen nuclear que el correspondiente a una energía de sustitución, permitiría no aumentar el coste de la producción eléctrica nacional con el consiguiente aumento del recibo de la luz. Nos parece un desatino no permitir el funcionamiento de una instalación cuando su nivel de seguridad es adecuado y el coste de la generación eléctrica de la misma es inferior al de otras fuentes.

Finalmente, la aportación de Garoña y de las demás centrales nucleares, que funcionan de manera continua todo el año independientemente de las condiciones climatológicas, no está en contradicción con el desarrollo de las energías renovables y el continuo aumento de su aportación al mix de generación eléctrica actual.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta además lo que sucede en el resto del mundo respecto a nuevos programas nucleares, a las numerosas autorizaciones para operar centrales nucleares hasta los 60 años, al cumplimiento de las exigencias de contención del cambio climático y a otras razones de índole socioeconómica, abogamos por que se conceda a Garoña lo que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dictaminado permitirla, es decir su operación hasta el año 2019.

Manuel Ibáñez Giner. Ingeniero industrial, jefe del Departamento de Asuntos Nucleares de Unesa

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