El debate parlamentario de esta semana, y la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el voto en contra del PSOE, dibujan un horizonte político y económico más que preocupante. Y ello porque indica que nuestra clase política, la que dirige el país desde el Gobierno y la oposición, no han acabado de entender todavía la crudeza de la situación actual.

Cierto que el PP de Mariano Rajoy no estuvo a la altura de las circunstancias cuando el Gobierno de Zapatero presentó su plan de ajustes en mayo de 2010, ni cuando se aprobó la primera reforma laboral o la de las pensiones. Pero el pasado, pasado está y esa agua ya no mueve el molino de la coyuntura actual.

Ahora el país se enfrenta a una nueva fase de esta dura crisis. Y cada vez que se endurece la situación se va perdiendo, poco a poco, la confianza de la ciudadanía, y de los mercados, acerca de una salida razonable a la crisis. Es decir, una salida que no implique la intervención, formal y explícita, del país. ¿Qué hacer? Nuestra historia reciente, y la de hace más años, muestra el camino a seguir. Los Pactos de la Moncloa, primero, y el acuerdo implícito entre las fuerzas políticas, sindicales y empresariales de 1995-98, después, marcan un rumbo que deberíamos imitar ahora. En la segunda mitad de los noventa España no cumplía ninguno de los requisitos para entrar en el euro.

Y fue un amplio acuerdo político, primero de CiU apoyando al PSOE y después de todos apoyando al PP, el que permitió llegar al examen de Maastricht con los deberes hechos en la primavera de 1988. También podríamos hablar del enorme esfuerzo que hizo el país (reducción de salarios en términos reales entre otras medidas) de los tan traídos y llevados Pactos de la Moncloa. ¿Qué distingue la situación actual de la de estas crisis anteriores? Si hay un elemento distintivo es que ahora todo es mucho más grave y que los márgenes de maniobra del Gobierno en España (léase devaluaciones) son mucho menores.

Las dramáticas consecuencias que puede acarrear una incorrecta solución de los problemas actuales emergen como el elemento distintivo. No se trata, como muchos parecen querer entender, del debate acerca del crecimiento en 2012 o de 2013. ¡Olvídense de ello! Porque el futuro del país, con un bajo aumento del PIB en los próximos años, está ya escrito. El debate es si este bajo crecimiento sentará las bases para que, en la próxima década, podamos recuperar un ritmo de expansión más intenso y sostenible o si, por el contrario, nos dirigimos a una larga fase de estancamiento. Esta es la disyuntiva.

Que los próximos años, haga lo que haga el sector público español y europeo, el crecimiento será muy reducido, está ya escrito. Y ello por el colapso de las fuentes de la demanda interna, que impulsaron la gran expansión del PIB entre 1995 y 2008. Ni demografía al alza (de hecho, pérdida de población y de hogares según las últimas estimaciones del INE) ni crédito creciendo a ritmos importantes (de hecho, reducción del mismo dado el necesario proceso de desapalancamiento del sector privado, y también del público) ni sector de la construcción alcista (con las más de 800.000 viviendas pendientes de venta) ni sector público expansivo. Esto es lo que nos espera, si no si. Pero puede ser peor.

Y ahí es donde entra la necesidad de los pactos, de explicitar frente a la ciudadanía que las organizaciones políticas saben dejar de lado sus diferencias para salvar el futuro del país, que es de lo que se trata estos días. Además, ¿cómo pretende el Gobierno, y la oposición, que los consumidores españoles aumenten su gasto si de lo que sienten hablar diariamente es de intervención, salida del euro y demás?

Las familias españolas tienen capacidad económica. Tenemos, todavía, cerca de 18 millones de empleos, bastantes más de los 12 millones de que disponíamos en 1995. Pero activar su demanda exige tranquilidad, confianza en el futuro y certeza de que vamos en el buen camino. Nada de eso existe hoy. Los retos que nos aguardan son inmensos. Pero el debate político, con la negación de la política del adversario, los hace mayores. Si el ciudadano español no tiene confianza sobre su futuro, ¿cómo pretendemos que la tengan los mercados?

Josep Oliver. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)