España está en una situación crítica. El sistema financiero está descapitalizado y funciona por el recurso al BCE, la economía está en recesión sin visos de salida y el sector público tiene que pagar por su deuda un tipo insostenible. Lo que es peor, es poco probable que España pueda salir por sí sola de esta situación. Consolide lo que consolide. La única vía es una ayuda de la Unión Europea que en el corto plazo pasaría por la compra de deuda por parte del BCE o, en su defecto, por el rescate y en el medio plazo por la creación de eurobonos. Lograr estas ayudas no es imposible porque la quiebra de España supondría un coste notable para la eurozona.
En este contexto España ha optado por una gran consolidación a cambio de préstamos a la banca. La consolidación equivale al 6,5% del PIB y se suma a las ya realizadas este año (3,7% del PIB según el Gobierno) y las previstas para las comunidades autónomas (2,6% en dos años). En total, casi el 13% del PIB. Se puede pensar que esto está bien porque en España se gasta demasiado. Pero esto no es cierto. En el año 2011 España gastó seis puntos del PIB menos que el promedio de la UE y salvo Luxemburgo, ningún país avanzado gastó menos.
Incluso usando un multiplicador cauto, la consolidación costará seis puntos del PIB (en dos años), lo que profundizará la recesión. Además, se reducirán las prestaciones públicas en detrimento, fundamentalmente, de los más pobres. A cambio de este coste soportado por la población muchos bancos lograrán sanearse. Quizá es hora de plantearse qué deben pagar estos bancos a la sociedad por la ayuda que reciben.
El Gobierno, con una fe encomiable en la eficiencia de los mercados, parece creer (o esperar) que la consolidación reducirá la prima de riesgo. Esto es más que dudoso. Ningún país de la UE ha visto reducir su prima como resultado de una consolidación. En realidad, sería sorprendente que los mercados premiaran a quien, en medio de una crisis, aplica medidas que la agravan. La consolidación tampoco evitará que España tenga que acudir masivamente a los mercados porque, incluso sin déficit, España necesitaría que en el próximo año y medio le prestaran el equivalente al 15% del PIB para refinanciar los vencimientos de deuda.
Si, como parece probable, la prima de riesgo no cede, España se encontrará tras la consolidación casi igual que antes pero con menos margen de maniobra ante la UE. ¿Qué va a ofrecer a cambio del rescate o de la compra de deuda por parte del BCE? Probablemente, el Gobierno ha entregado a la UE la austeridad a cambio de muy poco.
Incluso dejando al margen la cuestión de su oportunidad y efectividad, la consolidación adolece de problemas económicos, éticos y estéticos. Estéticamente, es inaceptable que, tras perdonar miles de millones a defraudadores (si la amnistía fiscal logra sus objetivos), se reduzcan las prestaciones por desempleo justificándolo como medida para estimular a los parados a buscar trabajo. O que se anuncien recortes de las pensiones junto con reducciones en las cotizaciones. Económicamente, los cálculos son engañosos porque se ignoran los efectos inducidos por la consolidación. Por ejemplo, que al recortar el sueldo de los funcionarios se recaudará menos por IRPF y por IVA, o que si se crea más paro habrá más gasto por desempleo y menos ingresos por otras vías. Con estos efectos es probable que la consolidación acabe siendo bastante menor de lo previsto.
Por otro lado, la consolidación aumenta los impuestos. Esto es más justo y menos contractivo que la alternativa de reducir el gasto. Aumentar el IVA era inevitable, e incluso deseable. Eliminar la deducción por vivienda está también plenamente justificado. Pero estas medidas deberían haberse acompañado de otras que gravaran las rentas más altas. Entre ellas, depurar el IRPF de exenciones y bonificaciones (gravando anualmente los rendimientos de las Sicav), eliminar la dualidad, establecer un recargo temporal sobre los beneficios distribuidos por las empresas, crear un impuesto sobre las transacciones financieras, rediseñar el impuesto de patrimonio para gravar la riqueza real de los más ricos, aumentar sucesiones y, sobre todo, un plan efectivo contra el fraude.
En cuanto al gasto, aun admitiendo que los márgenes son estrechos, antes de reducir las prestaciones por desempleo o dependencia hay que agotar otras vías. Además de aumentar los ingresos, esto incluye reducir subvenciones a empresas, gastos en defensa, cultura o vivienda, gastos de gestión y asesoramiento, etc. Y, aunque solo sea por estética, evitar todos los gastos suntuarios.
En suma, la consolidación que se ha realizado con elevada probabilidad no resolverá los problemas de la deuda, agravará la recesión, se ha realizado sin lograr demasiadas contrapartidas de la UE y es estética, ética y económicamente más que cuestionable.
Ignacio Zubiri. Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco
