La Comisión Europea ha decidido dar un paso más dentro del proceso de ampliación de la normativa europea de protección al consumidor y regular la actividad que ejercen los comparadores de seguros online, así como la venta de pólizas por parte de agencias de viajes y empresas de alquiler de coches. La futura II Directiva de Mediación de Seguros, que todavía se encuentra en fase de borrador, afectará a alrededor de un millón de empresas y exigirá un coste de adaptación medio de unos 730 euros por compañía, según datos de la consultora PwC. La norma pretende poner orden en el heterogéneo mercado de distribución de seguros, donde en los últimos años comparadores online y empresas de toda condición que venden pólizas como complemento a su actividad principal se han sumado a los canales del mercado tradicional, es decir, a las redes formadas por agentes y corredores.
Dado el moderado coste de adaptación que a priori conllevará la normativa, su aplicación no parece que vaya a contar con excesiva oposición por parte de unas empresas para las cuales ser percibidas con una mayor confianza por parte de los consumidores y el propio mercado no puede si no convertirse en una ventaja.
La futura directiva aplicará a estas compañías la legislación que regula la venta de pólizas de seguros en toda Europa. Con ello, Bruselas persigue un triple objetivo: aumentar la protección del consumidor, reforzar la integración del mercado e impedir la distorsión de la competencia. En ese sentido, es de agradecer que el borrador de directiva distinga entre el régimen que se aplicará a los agregadores online y el impuesto a las agencias de viajes y empresas de alquiler de coches, que se dedican a la comercialización de pólizas únicamente como actividad secundaria.
En el caso de los primeros, la ofensiva regulatoria de la Comisión Europea viene a eliminar las distorsiones regulatorias que produce la coexistencia de diferentes regímenes legales en los países europeos. Una diversidad normativa que no solo dificulta el control y la supervisión de las actividades de este tipo de empresas, sino que supone un elemento claramente perturbador de la competencia en el mercado. Mientras que en Reino Unido, por ejemplo, la actividad de los agregadores online se desarrolla bajo una fórmula societaria propia, en Italia está sometida a la misma regulación que la aplicada a los corredores mientras que en España el sector carece de un marco legal definido y no está sujeto al control de la Dirección General de Seguros (DGS). Una heterogeneidad legislativa que chirría en una Europa donde la unidad de mercado y la competencia constituyen un bien jurídico y económico vital.
