Cuando el pasado julio la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) multó a Repsol, Cepsa y BP por fijación indirecta de los precios de los carburantes anunció que ultimaba un informe sobre las disfunciones de este mercado en España. Ese informe, conocido ayer, aporta interesantes conclusiones que apuntan a la Administración como responsable directa del freno a la competencia en este sector.

Como cualquier usuario de automóvil comprobará, el proceso liberalizador iniciado en los noventa no ha dado resultado. Los motivos son idénticos a los de antes de la liberalización: exceso de concentración, elevada integración vertical y altas barreras a la entrada de nuevos actores en el mercado. Pero la CNC ha puesto ahora acertadamente la mira en una Administración que no ha hecho su trabajo y además ha actuado como freno. "El proceso de concesión de licencias municipales es poco transparente y permite un alto grado de discrecionalidad", las concesiones en bloque obstaculizan la competencia, los ayuntamientos entorpecen la apertura de gasolineras en hipermercados, y una larga lista de razones, permiten concluir que la ineficacia -interesada o no- de ciertos administradores públicos ha intervenido de forma determinante en el escaso impacto de las medidas para aumentar la competencia aprobadas hace una década.