Competencia entre abogados

La Comisión Nacional de la Competencia ha instado a abogados y procuradores a repensar seriamente su nuevo modelo de acceso a la profesión. En un informe muy crítico con el desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, el organismo enumera hasta cuatro restricciones de la libre competencia en el texto. La primera de ellas es el hecho de que el modelo provocará una sequía de nuevos licenciados en el mercado durante un periodo de dos años, los necesarios para que la primera promoción complete el itinerario exigido. La posición privilegiada de los colegios profesionales a la hora de gestionar los acuerdos para realizar la formación práctica requerida, los excesivos requisitos impuestos a los profesores que las impartirán y el hecho de que se exija una formación obligatoria y diferenciada para ejercer como procurador y como abogado completan las objeciones.

España tenía desde hace años como asignatura pendiente establecer un modelo de acceso a la abogacía y la procura en línea con el resto de los países europeos, frente a los cuales era una excepción. El hecho de que finalmente se haya abordado la corrección de esa anomalía es una buena noticia. Pero ello no puede hacerse a costa de reducir en el mercado una libre competencia que beneficia tanto a profesionales como a clientes.