La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha convertido la lucha contra los cárteles en una de las señas de su mandato. Desde 2004, la holandesa ha castigado con multas por 9.000 millones de euros a empresas sorprendidas en flagrante concertación de precios o repartiéndose el mercado para evitar la competencia. Más de dos centenares de empresas u organizaciones han caído en la red de Kroes.

Pero, como muchos especialistas en derecho de la competencia, Kroes sabe que las sanciones solas no logran el efecto disuasorio que requiere la lucha contra los competidores desleales. Y, sobre todo, no reparan el daño a terceros, personas o empresas. Por eso quería darles una vía de compensación con una directiva que armonizase ese derecho en la UE y evitase vacíos legales o recovecos que lo frustran. Pero parece que el texto no verá la luz en su mandato, que expira el 31 de octubre. El organismo presidido por José Manuel Barroso ha preferido retrasar la aprobación ante las críticas en contra.

La principal es el riesgo de "judicializar" la vida empresarial, como pasa en EE UU. El riesgo existe, y Bruselas debe extremar la precaución para que esa deriva no se dé. Pero la CE no puede dejar a los perjudicados por los cárteles sin una vía de compensación. Sería lo justo y, de paso, más disuasorio que las grandes multas.