La medida británica de la inflación ha sido siempre caótica y, en parte, retrasada. Después de la última revisión, es incoherente.

Lo caótico era la utilización de dos medidas principales. El IPC coincide con los estándares estadísticos modernos y europeos, pero no incluye los gastos en vivienda. Esta omisión lo hace inadecuado para una de sus principales aplicaciones, guiar la política monetaria del Banco de Inglaterra. El aspecto no apto era el cálculo del índice de precios minoristas (RPI por sus siglas en inglés), una medida que sí incluye los pagos de las hipotecas y que utiliza una técnica matemática defectuosa para la agregación de precios abandonada en casi todos lados.

Gracias en buena parte a este anacronismo estadístico, el RPI produce de manera constante una mayor tasa de inflación que el IPC, alrededor de 0,9 puntos porcentuales al año en los últimos dos. Eso equivale a una transferencia de los contribuyentes a los empleados públicos retirados y los tenedores de bonos sujetos a la inflación, cuyos pagos están ligados al RPI.

Las autoridades llevan tiempo siendo conscientes del problema. La solución obvia era abandonar el RPI en favor del IPC o de uno ajustado al gasto de vivienda, el futuro CPIH. El gobierno está llevando gradualmente los precios indexados al IPC. Sin embargo, hay problemas legales al cambiar los términos de los bonos del Tesoro, por lo que la oficina británica de estadística tenía prevista una alternativa menos atractiva pero útil: cambiar el cálculo del RPI.

No lo hizo. La supuestamente apolítica autoridad estadística actuó como lo haría si fuese un cuerpo político que responde a la influencia de los grupos de presión de las pensiones. Mantuvo intacto el RPI. Como una concesión a la corrección matemática prometió crear un nuevo índice, el RIPJ.

El resultado es un triple desastre. El Reino Unido tendrá pronto siete medidas oficiales de la inflación, suficiente para confundir al economista más inteligente. El gobierno debería redoblar los esfuerzos para aclararlo.