Un canon necesitado de racionalidad
El Tribunal de Justicia Europeo declaró ayer ilegal la aplicación indiscriminada del llamado canon digital, ese discutido recargo en la venta de aparatos electrónicos que permite compensar a los autores audiovisuales por el potencial daño económico que les puede causar la copia privada de sus obras.
La sentencia recuerda a la Administración española que el canon, per se, es legal, pero que debe existir un vínculo entre su aplicación y la probable utilización de los dispositivos para realizar copias de obras protegidas.
Los jueces consideran que ese vínculo se puede dar por supuesto en el caso de los consumidores particulares, entre otras cosas, porque por razones prácticas sería casi imposible verificar en cada caso el uso dado a un aparato en concreto y, además, el daño causado por un consumidor resultaría tan inapreciable que no merecería la pena reclamarle una indemnización. Por esos motivos, que sin duda indignarán a los movimientos populares contra el canon, la sentencia convalida una aplicación indiscriminada de la tasa a los particulares. Pero esa confirmación no debe llamar a engaño sobre la potencial repercusión del veredicto. Porque los jueces rechazan la aplicación indiscriminada del canon a todas las personas jurídicas que, de manera manifiesta, no adquieran material electrónico con el objetivo de realizar copias privadas.
No hace falta ser un leguleyo retorcido para intuir que desde las Administraciones públicas hasta las multinacionales, pasando por pymes, despachos de abogados o estudios de arquitectos, la avalancha de solicitudes de exención será imparable como consecuencia de este veredicto. Cabe recordar que el sector público y el privado son los grandes consumidores de productos electrónicos, con un nivel de gasto muy por encima del de cualquier familia media. Algunos cálculos indican que la mitad de los 100 millones de euros que se ingresan al año con el canon digital proceden de esos grandes consumidores, por lo que su pérdida desangrará el potencial recaudador de la polémica tasa.
Por eso, quizá haya llegado el momento de superar diatribas estériles y abordar de una vez por todas la creación de un marco racional para la remuneración de los derechos de autor en una era digital que permite otros modelos de consumo y de relación entre los proveedores de clientes y los usuarios: su eficacia. La respuesta adecuada a ese reto resulta imprescindible para garantizar la protección de la propiedad intelectual en todos los ámbitos, desde el artístico al industrial. Una propiedad intelectual cuyo valor añadido marcará cada vez más la diferencia entre países desarrollados o por desarrollar. Por eso, España necesita un canon (u otra figura) racional para la disposición de todo tipo de contenidos.