En la primera comparecencia pública que David Cameron dirigió a los británicos tras ganar las elecciones dejó claro que la situación financiera del país era muy delicada, y no ocultó su disposición a exigir sacrificios a mansalva a la población para superar la crisis. En el primer Presupuesto conservador en varios lustros, el ministro de Finanzas, George Osborne, ha explicitado el esfuerzo con la segunda subida del IVA en un año, un recorte general de las ayudas al desempleo y la familia, un descomunal incremento del gravamen a las rentas del capital, una congelación del sueldo de los funcionarios por dos años y la creación de un nuevo impuesto sobre los pasivos de los bancos. Sólo permite respirar a la actividad económica con un descenso del impuesto sobre sociedades.

Independientemente de la valoración cuantitativa del paquete de medidas, en las que se inclina también por el rigor fiscal antikeynesiano, una cosa demuestra el Gabinete Cameron: aplica el abc de la política con contundencia, poniendo en sus primeras semanas de mandato todas las decisiones difíciles, que bien acompañadas con una nueva vuelta de tuerca a la liberalización económica y una política monetaria y cambiaria agresiva permitirá a Reino Unido volver a los números negros antes de tener que volver a las urnas.