Cámaras de comercio, el cambio que viene

La aprobación por el Gobierno de una nueva regulación para las Cámaras de Comercio, la repentina renuncia de Javier Gómez Navarro a la presidencia del Consejo Superior de Cámaras no mucho después de su reelección y la reciente elección de Manuel Teruel como nuevo presidente trae a la actualidad un debate muchas veces postergado, cual es el del verdadero papel de las Cámaras de Comercio en nuestro país y, especialmente, las dudas que arroja su funcionamiento y la eficacia en la administración de sus recursos.

Algunos han querido ver una victoria final de la CEOE que, a través de las grandes empresas, había encabezado varios recursos ante los tribunales para la eliminación del recurso cameral obligatorio, finalmente reconocido por el decreto-ley.

Lo cierto es que durante este tiempo, el hecho de vivir bajo un régimen de subvención asegurada ha llevado a las estructuras y gobierno de las Cámaras a una situación de laxitud proverbial, colmadas sus necesidades con la recaudación de la cuota cautiva de empresas y profesionales. Esta supone entre un 60% y un 75%, según los casos, del montante financiero del que se alimentan las Cámaras. Pero ha sido, además, su componente política y de amiguismo dominante la que no ha favorecido en nada su funcionamiento y modernización. Han representado, casi siempre, justo lo contrario de lo que debían simbolizar: un modelo de eficacia y gestión, el paradigma de la innovación, los propagadores de nuevas tecnologías, los motores de la internacionalización y el conocimiento, en definitiva, el espejo en el que grandes, pequeñas y medianas empresas pudieran mirarse.

El problema no es de financiación, sino de modelo de funcionamiento, de estructura burocrática anquilosada e ineficaces controles, de cómo se eligen los órganos de dirección y representación, de cómo las injerencias políticas y el padrinazgo hacen de las Cámaras entidades encorsetadas que operan muy por debajo de sus posibilidades y, desde luego y lamentablemente, de las necesidades del tejido productivo del país. La teórica labor tutorial de las Administraciones públicas y la representación de los distintos sectores económicos, en lugar de actuar como dinamizadores de la institución, funcionan como controladores políticos, ralentizando y dificultando la toma de decisiones y limitando mortalmente su eficacia.

Porque esta, y no otra, es la vara de medir que las empresas van a aplicarle. Si quieren que estas contribuyan con sus cuotas a financiar la institución deberán demostrar un verdadero acercamiento a sus necesidades actuales y futuras, fijarse objetivos medibles en sus ayudas, ser acicate de la productividad, ofrecer servicios y formación de calidad, ser impulsores natos de nuevos proyectos, estimular la internacionalización de las empresas…

El tiempo de salir en la foto y ser lanzadera, reserva o destino de figurones políticos, de ser portadores del más rancio conservadurismo y correa de transmisión del partido político en el poder -autonómico o nacional, según los casos- debe darse por finalizado, a favor de ser instituciones independientes, protagonistas de una gestión profesional útil para el empresariado.

Viene bien por tanto abrir un debate público sobre la personalidad y funcionalidad de las Cámaras en España, y no debemos temer plantear incluso un cambio en su naturaleza jurídica. Fernández Ordóñez, en su propuesta de reestructuración de las cajas, persigue a medio plazo lo mismo: acabar de forma definitiva con las intromisiones políticas por parte de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, sindicatos y otras instituciones con marchamo político, acabar con el enchufismo. Porque hablamos, sencillamente, de profesionalidad en la gestión.

La debilitada competitividad de nuestra economía hace urgente poner a funcionar a todas las instituciones capaces de añadir algo al tejido productivo. Las Cámaras no se pueden quedar fuera. Pero solo su verdadera atención a las necesidades de innovación, competitividad e internacionalización del empresariado serán la garantía de su posicionamiento, diferenciación y supervivencia como servicio público en el futuro.

Y ya que hemos abierto el melón con las Cámaras, vendría bien ampliar la cata a las asociaciones empresariales, CEOE, Cepyme... y sindicatos, para exponer a debate si son lo suficientemente eficientes en la gestión de los fondos para la formación que reciben. El tiempo de las subvenciones a fondo perdido se ha terminado, y cualquier institución, independientemente de que tenga como objetivo la cohesión social o el impulso económico, debe estar dispuesta a demostrar su excelencia en la administración de los dineros públicos. Este es uno más de los desafíos que nos impone la crisis, y aunque a algunos les pueda parecer ajeno, una economía sostenible y el mantenimiento de la sociedad del bienestar también pasa por estos supuestos.