Bienvenido sea el baño de realismo de la Unión Europea, que por fin parece dispuesta a adaptar el calendario de ajuste presupuestario exigido a España a la realidad de una economía en riesgo de caer en depresión. La nueva sentada, que se espera sea confirmada hoy mismo por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), aplaza un año, hasta 2014, la consecución de un déficit público por debajo del 3% del PIB, umbral previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y, lo que es más importante, relaja sensiblemente los objetivos marcados para este año (que pasa del 5,3% al 6,3%) y el que viene (del 3% al 4,5%). Pero, por desgracia, la decisión puede llegar tarde.
Hace meses que los operadores económicos ya han descontado que España no cumpliría con el quimérico calendario que Bruselas se empeñaba en mantener hasta ahora. Y la estampida inversora que sufre la economía española no está provocado por el cumplimiento o incumplimiento del Pacto de Estabilidad, sino por la ausencia de claridad en las perspectivas de crecimiento de la cuarta economía de la zona euro y el riesgo de que caiga en ese indeseable círculo vicioso de ajustes y recesión.
El Gobierno de Mariano Rajoy intentó escapar de esa trampa nada más llegar al poder. Y para ello, aprobó en diciembre de 2011 un recorte preventivo y un incremento del IRPF destinado a ganarse la confianza de inversores y socios comunitarios. Madrid pidió entonces, sotto voce, una revisión del calendario de ajuste. Pero la Comisión Europea se aferró a un absurdo rigor procedimental para negarla y acabó provocando una ruptura unilateral por parte del Ejecutivo español. Rajoy anunció para 2012 un objetivo de déficit del 5,8%, punto y medio por encima de lo pactado con Bruselas por el Gobierno de Zapatero. Y Bruselas hizo valer su autoridad aceptando la revisión al alza pero dejándola en el 5,3% Un absurdo rifirrafe en torno a cifras no realistas que solo sirvió para colocar a España en la picota de la indisciplina presupuestaria y alentar la desconfianza de unos inversores que, por lo demás, ya observan con preocupación a la zona euro en general.
Madrid y Bruselas han errado y ahora se pagan las consecuencias. El Gobierno de Rajoy retrasó demasiado los ajustes en base a un fallido cálculo electoral relacionado con Andalucía. Y su mala gestión del caso Bankia confirmó las peores sospechas de sus socios europeos. La Comisión, por su parte, se dejó llevar una vez más por la doctrina de la austeridad impuesta desde Berlín e ignoró, una vez más también, la gravedad del deterioro de la economía española.
Ahora llegan los pasos en dirección contraria, pero queda la duda de si no es demasiado tarde para alejarse del precipicio. Los mercados reaccionaron ayer con indiferencia al anuncio de la prórroga en los objetivos de déficit. Y el rescate de la banca española, que ayer entró en su recta final durante la reunión en Bruselas del Eurogrupo -el Consejo de Ministros de Economía de la zona euro-, tampoco parece tener el esperado efecto balsámico sobre la prima de riesgo y los tipos de interés de la deuda española.
Cada paso hacia la inyección en el sector bancario de dinero europeo a través del Estado español parece alimentar la desconfianza de los grandes operadores internacionales. De nada ha servido, por ahora, el acuerdo de la última cumbre europea para romper el vínculo entre riesgo privado y riesgo soberano mediante la recapitalización directa de la banca desde el fondo de rescate sin aumentar el pasivo del Estado. Ese acuerdo está supeditado a la creación de un mecanismo de supervisión financiera para la zona euro que puede tardar meses, si no años, en negociarse. Las instituciones comunitarias han asegurado que lo pondrán en marcha lo antes posible, pero los inversores saben que en una estructura tan compleja como la UE las posibilidades de aceleración son limitadas. Baste como prueba el simple nombramiento de un miembro del comité ejecutivo del BCE para relevar al español José Manuel González-Páramo. El Eurogrupo de ayer alcanzó un acuerdo para nombrar al luxemburgués Ives Mersch, después de seis meses de negociaciones. A ese ritmo, es probable que la inyección directa de capital para los bancos españoles también vaya a llegar tarde.
