Bonos europeos contra la crisis

Franklin D. Roosevelt aprovechó su discurso inaugural como presidente de EE UU para dar muestras de la valentía política que lo acompañaría durante sus cuatro mandatos, declarando que a lo único que debían temer era al temor mismo. Trece millones de estadounidenses engrosaban las listas de desempleados y las medidas de contención del gasto y el laissez faire fracasaban, mientras la crisis se cebaba con Europa. Al recordar el New Deal, la receta concebida por Keynes para vencer al miedo, no siempre se tienen en cuenta las enormes trabas que debió sortear. Criticado sin tregua por adversarios políticos, denostado por la mayoría de la clase empresarial, la banca y la judicatura, el New Deal incluso precisó de una ampliación del Tribunal Supremo en 1935. Desde un punto de vista político, solo fue posible por el apoyo popular al presidente. Desde el prisma jurídico, por el margen de maniobra que le concedía la Constitución para que el Estado arbitrara la economía, un margen al que Roosevelt, experto jurista, también hizo referencia en aquel discurso.

Este ejemplo ilustra el triunfo de la voluntad política, cuando dispone de un plan concreto, del debido marco institucional y, por supuesto, del apoyo de la ciudadanía.

Al repasar los titulares europeos, desde que en 2007 se desatara la actual crisis, salta a la vista que el temor es el gran protagonista. Tras el salvamento de los bancos en 2009, la deuda pública tomó el relevo de la deuda privada, para caer en manos de las agencias de rating y dar lugar a una doble crisis de confianza. Están en duda la solvencia de determinados Estados y la credibilidad democrática, que ha llevado a muchos ciudadanos a preguntarse quién dicta las leyes: la política o las finanzas. La reacción de los Estados miembros a esta crisis de confianza encuentra su fundamento en dos falsas premisas, a saber: que los déficits de unos Estados cubren el superávit de otros y que la reducción de la deuda pública automáticamente hace recuperar la confianza, aumentando así la inversión privada.

A ello se suma la contradicción de que los Estados de la zona euro dispongan de una moneda única, pero de diecisiete políticas de gestión de deuda. Estos principios económicos equivocados se ven acompañados de un peligroso moralismo, que divide a los Estados miembros en virtuosos y viciosos, según el cual los primeros no deben ayudar a los segundos. Nace así una política basada en la austeridad y el rigor presupuestario, ajena al estímulo del crecimiento. Curiosamente, la situación recuerda a cómo antes de la introducción del euro los movimientos especulativos fueron tumbando sucesivamente divisas europeas cada vez más fuertes, llegando a amenazar a la libra y al franco.

Hasta aquí se ha resumido un contexto, en el que el Consejo Europeo, incapaz de actuar, ha dejado un vacío institucional. El CESE pretende llenar este vacío presentando una propuesta, elaborada en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que puede ponerse en marcha de inmediato, activando de un lado un Gobierno común de la deuda de la eurozona y de otro el lanzamiento de un plan europeo para el crecimiento, un Plan Marshall europeo que haga recuperar la confianza a los ciudadanos.

La propuesta del CESE está basada en la legitimidad que da el diálogo entre los representantes de la sociedad civil europea. El hecho de que los portavoces europeos de grupos de interés tan diversos como los sindicatos, las patronales, los consumidores, los agricultores o los discapacitados hayan adoptado un dictamen con una propuesta clara no puede ser obviado. La voz que durante 55 años ha representado a la sociedad civil en la Unión Europa se ha puesto de acuerdo sobre este tema en interés de los ciudadanos y de las empresas. En este momento crítico, sin duda merece ser atendida.

Las recomendaciones del CESE en su dictamen vienen determinadas por el convencimiento de que la salida de la crisis pasa por adoptar nuevas políticas económicas, que restauren el crecimiento, la creación de empleo y la confianza en el modelo social europeo. Esta nueva política se vería materializada mediante dos instrumentos: de un lado, los bonos de la Unión, para recuperar la confianza, y de otro, los eurobonos, como motor de crecimiento. Hasta ahora, esta vía requería la asunción de garantías mancomunadas o solidarias por parte de los Estados más solventes, en particular Alemania. La propuesta del CESE no precisa de este tipo de garantías, como se verá a continuación.

En lo que respecta a los bonos de la Unión, consisten en la conversión progresiva de la deuda nacional, con un límite de hasta un 60% del PIB, siendo los Estados miembros los que asumirían el servicio de su cuota de deuda. Se trataría de una deuda consolidada y no negociable, a salvo de la especulación de las agencias. Dicha conversión podría efectuarse a través de una cooperación reforzada, de modo que el Estado miembro que no quisiera participar pudiera conservar sus obligaciones.

Los bonos de la Unión pondrían coto a la contradicción que supone el que los Estados compartan una política monetaria, pero apliquen 17 políticas de deuda diferentes. Ya en su propuesta de bonos azules, el think tank Bruegel proponía este tipo de bonos, que en un primer momento encontraron una buena acogida entre determinados jefes de Gobierno. Sin embargo, el dictamen no aboga por una reforma institucional.

Por su parte, los eurobonos tienen como objetivo financiar la reactivación económica y sí serían negociables. Recordemos que en 2011 los BRIC expresaron su interés en mantener reservas en euros. Pues bien, esta vía sería una excelente oportunidad para ambos. Los eurobonos reactivarían el crecimiento, con su efecto multiplicador, haciendo viable el modelo social europeo y aumentando la demanda de la Unión Europea, que tan necesaria es para la economía mundial. Para que este instrumento de recuperación funcione correctamente es necesario que no se aplique a través de transferencias a los Estados miembros. La alternativa es que financie el programa de recuperación europeo y sea gestionado por el BEI.

Con estos dos tipos de bonos se pondría en macha un círculo virtuoso capaz de remplazar la austeridad por la recuperación del Estado del bienestar y cuyo esquema sería el siguiente: la recuperación de confianza de los mercados y la opinión publica harían aumentar la liquidez y la demanda, la cual, a su vez, haría recuperar el crecimiento con el consiguiente aumento de los ingresos fiscales y del empleo, que propiciarían el equilibrio presupuestario.

Esta propuesta se concretaría jurídica e institucionalmente a través de unas herramientas que ya existen en la UE. El Fondo Europeo de Inversión (FEI) emitiría los eurobonos. Antes de la crisis este organismo estaba destinado a suplir la ausencia de crédito que existe en Europa, para pymes y empresas de alta tecnología, en comparación con EE UU. Puesto que el consejo del Ecofin es el órgano de gobierno del BEI, la decisión para que el FEI emita bonos no precisa de una reforma de los tratados, ni nuevas instituciones.

Así pues, tenemos ante nosotros un plan concreto, disponemos del marco jurídico e institucional necesario y resulta evidente que los europeos no quieren renunciar a su modelo económico y social. Se dan cita todos los elementos para un cambio de modelo, mencionados al principio de este artículo, excepto por la voluntad política.

Cabe recordar que Roosevelt, ya en aquel primer discurso, daba aliento a los ciudadanos y responsables políticos afirmando que, en comparación con los peligros que habían acechado a sus abuelos, ellos se podían sentir afortunados, una afirmación que también se puede aplicar en la Unión Europea. En este caso, volver la vista atrás puede ayudar a que el temor se disipe y a emprender la vía de la acción, recuperando el espíritu de solidaridad y cohesión, auténticos cimientos de los tratados de la UE. Necesitamos una visión europea y coraje para llevarla a cabo.

Carmelo Cedrone. Profesor de Política Económica Europea de la Universidad de Roma La Sapienza. Consejero del CESE y miembro de la sección económica