Banqueros entre lo legal y lo inmoral
El cobro de abultadas indemnizaciones por parte de decenas de gestores de cajas de ahorros al cesar en entidades con una delicada situación financiera, y que han tenido que ser rescatadas por el esfuerzo de los contribuyentes, ha abierto un agitado debate público sobre este tipo de prácticas, cuya resolución se encamina a establecer reglas estrictas en la política retributiva del sector. A nivel global, la discusión no es de ahora: ya en 2008 las compensaciones de los banqueros estadounidenses y británicos desataron la airada crítica de la sociedad, los medios de comunicación y los Gobiernos, tras haber costeado los mecanismos para evitar la quiebra encadenada del sistema financiero, que antes se había embolsado gigantescas ganancias con prácticas poco transparentes en muchos casos, y en muchos casos permitidas por la vista gorda de reguladores y supervisores.
En España, hasta ahora los únicos casos denunciados de indemnizaciones millonarias fuera de lugar en el sector bancario se habían producido en el sector privado, y en las que de forma regular, aunque atentasen al más mínimo decoro público, habían sido los accionistas quienes las habían autorizado primero, y pagado después. Y en las que además, hasta la fecha, la carga de la recapitalización y de sus errores ha sido costeada puntualmente por sus socios, más allá de haber acudido, como en toda Europa, a las facilidades proporcionadas por el Estado para garantizar la liquidez cuando el mercado estaba cerrado a cal y canto.
Pero ahora los ejemplos han aflorado en las cajas de ahorros con regularidad. Esta práctica de cobros millonarios por despidos o jubilaciones parece estar bastante extendida, sobre todo en las cajas, cuya propiedad es tan difusa que nadie se hace demasiadas preguntas donde se toman las decisiones o donde se fiscalizan. Aunque la supervisión depende del Banco de España, los poderes otorgados a las regiones en materia de tutela política de las cajas, a las que ha convertido en muchos casos en una extensión financiera de sus competencias, han difuminado la responsabilidad de la vigilancia y exigencia de buenas prácticas.
Es responsabilidad de todos, Banco de España, comunidades, Gobierno y gestores de las entidades, exigir la devolución de las cantidades a todas luces desproporcionadas que se han abonado o comprometido, así como fijar por norma límites a estos comportamientos que son inmorales siempre, por legales que puedan parecer, pero más cuando el dinero público ha tenido que corregir los desmanes de la gestión de los afectados, tal como ha ocurrido en más de una y más de dos cajas de ahorros. Ahora, con la propiedad bien definida en las cajas, como bancos al uso que son, son sus accionistas los primeros interesados en una gestión rigurosa que, desde luego, hace de todo punto incompatible la recompensa por la gestión negligente.