El próximo viernes, el Ejecutivo presentará un nuevo decreto para acelerar el saneamiento del sector financiero. Según parece, el Gobierno pretende impulsar la creación de nuevas sociedades donde aparcar los activos inmobiliarios sin participación de dinero público. Sin embargo, la reciente salida de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia y la esperada recapitalización de la entidad con financiación pública deberían hacer reflexionar al Gobierno.
El grupo de cajas que constituyó Bankia remodeló su estructura societaria bajo un esquema que recuerda a los planes actuales del Gobierno. Por una parte, se creaba una nueva sociedad, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), donde se localizaba el grueso de los activos inmobiliarios dañados. Por otra parte, BFA se quedaba con el 45,5% de Bankia, con cuyos dividendos esperaba ir haciendo frente a las pérdidas inmobiliarias sin afectar, supuestamente, al negocio bancario.
Sin embargo, este modelo societario, que puede ser planteado bajo distintas alternativas y que parece estar en la mente del regulador, no ha podido resolver los problemas de Bankia ni lo hará en el resto de entidades financieras. Mover los activos tóxicos de un balance a otro entre sociedades de un mismo grupo no genera liquidez adicional con la que cubrir los créditos dudosos. Parece obviarse que la situación económicofinanciera de un grupo solo puede evaluarse a partir de los estados consolidados, es decir, integrando los estados contables de todas las sociedades.
Pero además, la segregación formal presenta otros problemas derivados del mal alineamiento de incentivos entre la filial y la matriz que podemos evaluar a la luz de Bankia. En primer lugar, se puede plantear un riesgo de contagio. De este modo, dificultades financieras en determinadas sociedades del grupo se pueden trasladar de unas a otras, afectando a la viabilidad de todas ellas. Dicho riesgo puede ser bidireccional, y en el caso de Bankia se produce desde las dificultades de BFA (la matriz) hacia su filial en la que se integraron los activos de mayor calidad. De este modo, las dificultades de BFA pueden provocar un reparto de dividendos excesivos, así como la otorgación de créditos y/o avales a la matriz que podrían comprometer la salud financiera de la propia Bankia.
En segundo lugar, tal modelo societario puede generar un riesgo de subordinación entre los acreedores de las distintas sociedades del grupo debido a la localización de los activos productivos que generan los flujos de caja. De esta forma, ante un procedimiento concursal, dichos activos quedan aislados del grupo y deben satisfacer en primer lugar a los acreedores de la sociedad que es titular de los mismos. Esta circunstancia ayuda a explicar la mayor calificación crediticia de la filial (Bankia) respecto a su matriz (BFA). En definitiva, es más seguro ser un bonista de Bankia que de BFA. Por todo ello, una reorganización jurídica de los activos financieros de las entidades no resolverá el problema central y puede generar otros adicionales que solo vendrían a complicar aún más la gestión de la crisis.
Finalmente, parece que la experiencia de Bankia va a continuar con la inyección del FROB por un importe aún desconocido a través de capital contingente convertible (cocos). La prensa adelanta una aportación en torno a 7.000 millones de euros a un interés del 8%. Los beneficios de Bankia en 2011 se situaron en 304 millones de euros, de modo que no parece que la cuenta de resultados de 2012 pueda hacer frente a la carga de intereses de tal aportación (560 millones de euros). Estamos, pues, ante una nacionalización en dos etapas. Por cierto, estos cálculos no se pueden hacer con los datos del grupo consolidado porque las cuentas de la matriz están pendientes del informe de auditoría.
De este modo, la experiencia de Bankia nos pone en preaviso sobre el intento de segregar los activos dañados y mantenerlos dentro del perímetro de consolidación del grupo. No solo no se ha evitado la entrada de dinero público, sino que el país ha perdido un largo periodo de tiempo apostando por una vía de salida sin éxito. El Ejecutivo, pues, debe ser consciente de tal extremo y asumir que solo con más capital se puede sanear el sistema y, por cierto, el fondo europeo de estabilidad tiene la habilitación formal para ser utilizado con ese fin.
Carlos del Olmo / Jonás Fernández. Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados
