Sólo la mitad de España podrá disfrutar en el futuro de internet a 100 megas -la red ultraveloz-, según se desprende de un informe de la CMT. El organismo regulador concluye que para las operadoras será rentable únicamente desplegar esta red en los municipios más poblados, lo que puede dejar al resto fuera. Las Administraciones local, autonómica y central están obligadas a encontrar fórmulas financieras para evitar esta situación social y económicamente injusta. Escamotear esa tecnología a ciertas zonas es abocarlas a que queden fuera del desarrollo, de la mano de una tecnología que puede facilitar la creación de pequeños negocios, de teletrabajo o de otras fórmulas de estar presentes en la actividad económica del futuro.

Pero además de velar por el desarrollo de esta red en la mayor parte del territorio, el Ejecutivo también ha de impulsar el abaratamiento de la actual banda ancha. Por segundo año consecutivo, la OCDE reitera que las tarifas en España están entre las más altas de los países ricos. Ya lo anunció hace un año y entonces la respuesta del Ejecutivo español fue obligar al organismo internacional a retirar su informe. Negar el dato nunca ha sido una solución acertada. Además, no es el único estudio que saca los colores al ADSL nacional. La propia CMT ha denunciado reiteradamente el alto coste de un servicio que es un motor de la competitividad.