El 'banco malo' y el contribuyente

Tras más de tres años de crisis aguda y de contracción del crédito, el sistema financiero continúa en el ojo del huracán: crisis subprime, recesión económica, reestructuración del sector y ahora, sin que se hayan solventado algunos de los problemas que viene arrastrando desde hace tiempo, la crisis de la deuda y una probable recapitalización. Claro, recapitalización, a ser posible acudiendo a los mercados a captar el capital necesario para cumplir los criterios de solvencia que se van modificando por momentos. Pues, ¡vaya momento!: mercados bursátiles temerosos por la incertidumbre, sector inmobiliario prácticamente desaparecido, falta de liquidez, caída del negocio bancario y deterioro sostenido de las cuentas de resultados.

El sistema financiero español no está tan afectado como otros por la compra de deuda de lo que se ha dado en llamar países periféricos, pero lo cierto es que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria todavía suponen un lastre para las entidades financieras que no consiguen dar salida a los miles de inmuebles que tienen en sus balances, como hemos podido comprobar por la reducida actividad hipotecaria y de compraventa de viviendas. En este escenario, y con un casi seguro cambio de Gobierno, es más que probable que surjan con fuerza las voces que reclamen la creación de un banco malo al que se destinen fundamentalmente los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras. En mi opinión, el momento no es malo porque los valores de los activos en los balances han recogido parte del ajuste, pero sobre todo porque puede generar una liquidez en las entidades financieras necesaria para que el crédito vuelva a fluir en la economía real, si las cosas se hacen bien.

En todo caso creo, que lo más importante del debate, aparte de si procede o no una medida de estas características, está en cómo se hace. Ya hay entidades que han señalado que la creación del banco malo pasa por crear un fondo público que comprase los activos inmobiliarios a la banca y pagase a cambio a las entidades con deuda pública (activo mucho más líquido). Pero la cuestión es, fuera de cómo podría afectar esto a la calificación de la deuda española y a las cuentas públicas, ¿qué tipo de activos adquiriría y qué precio tendría que pagar por los mismos? Dentro de las carteras de activos inmobiliarios de las entidades hay de todo: suelo rústico, industrial, residencial, primeras residencias procedentes de promociones no vendidas, segundas residencias, pisos patera… Es decir, hay activos para los que no hay mercado independientemente del plazo de tiempo en que el banco malo se proponga recuperar la inversión. Así, ese tipo de activos no deberían contemplarse en este proceso de compra si no se quiere perjudicar al contribuyente.

Claro que la clave está en los precios de compra. Y este puede afectar de diferente modo a las entidades financieras. Si se paga el valor de mercado, y los activos no están correctamente provisionados, es decir, no se ha recogido todo el ajuste de valoración, podría llevar a algunos bancos a situaciones de baja solvencia que solo podrían ser solucionados con un proceso de recapitalización, en el que por supuesto no debería entrar ningún fondo estatal después de haber comprado los activos tóxicos. Por el contrario, si se paga el valor en libros, estaría beneficiando artificialmente a los bancos que no han ajustado los valores a las situaciones de mercado y acabaría pagando el de siempre: el contribuyente.

Parece, por tanto, que valorar los activos a precios de mercado debería ser una premisa intocable para debatir sobre la creación o no de un banco malo, pues es la única opción razonable desde el punto de vista de no perjudicar más al contribuyente, pues en un escenario a futuro, el banco malo siempre podría vender esos activos recuperando la inversión y obteniendo algún rendimiento adicional.

Pero el número de cuestiones que surgen a resultas del tema es creciente: ¿es posible fijar esos precios de mercado de forma razonable en un mercado tan estrecho como es hoy el inmobiliario? ¿Podría una medida de este calado restaurar la confianza en el sistema financiero español? ¿Cómo hacer que los bancos compartan el resultado de la creación del banco malo a futuro para que no se desentiendan totalmente de sus errores de gestión? O yendo más allá, ¿qué tipo de medidas se pueden establecer para que no se repita esta situación? En todo caso, con la tensa situación social que se está configurando, una decisión como la de creación de un banco estatal malo precisa una explicación clara y detallada a los contribuyentes. Pero sobre todo precisa que no les perjudique más.

Francisco J. Sánchez Vellvé. Economista