La banca española tras el rescate
El Gobierno va a apurar hasta el último minuto para cumplir con el calendario que impone el memorándum de entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés) que acompaña al rescate del sector bancario español aprobado el pasado mes de julio. Si bien las primeras medidas se esperaban para el Consejo de Ministros del pasado viernes, vamos a tener que esperar al Consejo del próximo viernes para conocer los detalles centrados en la creación de la sociedad de gestión de activos (el llamado banco malo), la nueva regulación de las participaciones preferentes y la reforma del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como mecanismo de resolución de crisis bancarias.
Pero además de estas primeras medidas, el Gobierno va a tener que trabajar a toda máquina en los próximos meses ya que el MoU detalla hasta 32 condiciones para acceder a la financiación de los 100.000 millones de euros puestos a disposición de España por los fondos de rescate para recapitalizar sus bancos. Así, siguiendo el orden cronológico que impone Bruselas, antes de finales de este mes de agosto es necesario aprobar la creación de la sociedad de gestión de activos, reformar el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), otorgándoles mayor poder de resolución.
En el caso del banco malo, las principales incógnitas que hay que despejar son el mecanismo de valoración de los activos tóxicos (¿cómo se estima el valor económico real a largo plazo del que habla el MoU?), la delimitación de esos activos (que además de los activos adjudicados y los préstamos a la promoción inmobiliaria, se deja la puerta abierta a incorporar otro tipo de activos cuya calidad se haya deteriorado), su gestión (privada versus pública), su financiación (¿solo FROB o entrarán inversores privados?) y el plazo de venta de los activos.
En el caso del FROB, ya se han filtrado algunas de las reformas encaminadas a dotarlo de mayor poder resolutorio, interviniendo de forma urgente e incluso liquidando entidades no viables. Y en el caso del FGD, el MoU obliga a resolver la actual situación de conflicto de intereses derivada de la presencia de representantes del sector bancario en sus órganos de dirección. Además, dado que según el reciente informe de estado financiero del FGD a 30 de julio su patrimonio neto es de solo 206 millones de euros (tras la aportación anual de 2012 de 2.231,6 millones de euros que compensa el patrimonio negativo de 2.025,5 millones de euros con que se cerró 2011 tras asumir el FGD las pérdidas de la CAM y Unnim antes de su adjudicación a Banco Sabadell y BBVA, respectivamente), va a ser necesario incrementar el fondo con aportaciones del FROB, que en última instancia vendrán del fondo de rescate europeo.
¿Qué tipo de sector bancario nos depara el futuro tras las nuevas reformas que se avecinan? Una vez se desarrolle el entramado legislativo concretando las condiciones del MoU tendremos un sector bancario más solvente, transparente y con una mayor protección para el cliente. Dotando al FROB de mecanismos de resolución de crisis bancarias y al Banco de España de mayor poder supervisor e independencia, se evitará que se repitan episodios pasados en los que cuando se han detectado problemas graves en alguna entidad, ya era demasiado tarde, lo que ha obligado a asumir enormes pérdidas por parte del resto del sector bancario (como las que ha asumido el FGD) o de los ciudadanos (en el caso de las ayudas del FROB de las que en última instancia respondemos todos a través del presupuesto del Estado). Con la nueva regulación de los productos híbridos (como las desagraciadamente famosas participaciones preferentes), se evitará que se comentan los abusos del pasado, donde clientes poco, nada o mal informados van a tener que soportar injustamente enormes pérdidas. Y obligando a las entidades de crédito a reportar más información, se ganará en transparencia a la vez que se reducirán algunos riesgos (como el de liquidez). Además, las reformas que impone el MoU en materia de concentración del crédito evitarán los errores del pasado en el que la excesiva concentración de riesgos ha abocado a algunas entidades a la intervención y/o nacionalización.
Una de las incógnitas que plantea el MoU es el futuro de una parte muy importante del sector bancario: las cajas de ahorros. Tras la profunda reestructuración que ha tenido lugar, Bruselas exige antes de noviembre de este año clarificar su papel como accionistas de los nuevos bancos creados, introduciendo incompatibilidades entre los representante de los órganos de gobierno de las cajas y de los bancos de los que son accionistas. El punto más trascendente y conflictivo es que el MoU exige la reducción de la participación de las cajas en los bancos hasta niveles de no control, lo que podría abocar a la desaparición de las cajas de ahorros y su conversión en fundaciones. Supongo que tanto desde el Gobierno como desde la patronal de las cajas de ahorros se estará negociando con uñas y dientes este punto, ya que no es razonable que a cajas solventes y con una gestión eficiente que han afrontado con éxito el brutal impacto de la crisis se les obligue a perder el control del negocio bancario.
Una de las lecciones de la crisis es la importancia de tener un buen colchón de capital para absorber pérdidas. Por este motivo, además de los nuevos acuerdos de Basilea III que exigen más capital y de más calidad de forma progresiva hasta 2019, el MoU exige que antes de enero de 2013 se apruebe que todas las entidades de crédito españolas posean hasta al menos finales de 2014 un nivel de capital de calidad (conocido como Common Equity Tier 1) del 9% como porcentaje de los activos ponderados por riesgo, nivel que hasta ahora se exigía solo a las entidades sistémicas (Santander, BBVA, BFA-Bankia, CaixaBank y Popular). Si bien esta medida debería mejorar el acceso de la banca española a los mercados mayoristas de financiación en mejores condiciones, la incógnita que se plantea es el impacto que esta mayor exigencia de capital pueda tener en la necesaria recuperación del crédito bancario.
En la misma línea de mejorar la solvencia, el MoU exige para antes de fin de año una propuesta de revisión de la normativa sobre provisiones para insolvencias, incluyendo las provisiones dinámicas que, si bien han constituido un colchón muy importante para afrontar pérdidas, su cuantía ha sido claramente insuficiente ante la magnitud de la crisis.
Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie