La disciplina fiscal que todas las Administraciones públicas deben aplicar en la carrera por cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria tiene su reflejo tanto en la obligación de recortar gastos como en el afán por aumentar -o al menos, no perder- ingresos. En el caso de las comunidades autónomas, la amenaza del Gobierno de intervenir a aquellas regiones que incumplan la hoja de ruta de ajuste fiscal ha impulsado la búsqueda de fórmulas que permitan apurar hasta el último euro de recaudación. En ese marco, algunos Gobiernos regionales están presionando a Hacienda para que se prorrogue la vigencia del impuesto sobre el patrimonio, un tributo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó de forma temporal para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 y cuyo mantenimiento se ha convertido en un importante objetivo autonómico dentro de la actual coyuntura económica.
A priori, el impuesto sobre el patrimonio no resulta una opción nada pacífica, tanto desde el punto de vista de la equidad como de la neutralidad fiscal e incluso de la eficiencia. Se le acusa -y con toda razón- de provocar un efecto desincentivador sobre el ahorro y sobre la atracción y retención de los capitales, así como de gravar por segunda vez a los contribuyentes al hacerles pagar por la simple y mera tenencia de unos bienes por los que ya han tributado en el momento de su obtención. A ello hay que añadir la diferencia de criterio valorativo a que somete los distintos vehículos de inversión -inmuebles, acciones, etcétera-, con la penalización de unos sobre otros que conlleva. El hecho de que se trate de un impuesto muy fácilmente eludible por las grandes fortunas a través de distintos entramados societarios explica también que se trate de un tributo ausente en la mayor parte de los países de nuestro entorno y que su recuperación por parte del anterior Gobierno se debiese únicamente a razones de urgencia presupuestaria.
Lamentablemente para España, esas razones persisten y su urgencia continúa siendo extrema. Ello hace necesario apostar por soluciones tanto estructurales como coyunturales que faciliten la hercúlea tarea que supone cuadrar las cuentas públicas por parte de todas las Administraciones. Pese a que hasta el momento el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no se ha pronunciado al respecto, el Gobierno ha reiterado en más de una ocasión su disposición a apoyar a las comunidades autónomas en el cumplimiento de sus deberes presupuestarios. Ello no hace disparatado pensar que pueda acceder a prorrogar la utilización de este instrumento recaudatorio, que ahora mismo tiene una utilidad considerable y cuyos graves defectos se ven compensados por la ineludible necesidad de alimentar las agotadas arcas públicas.
