Una austeridad obligada, pese a sus efectos
El Gobierno defendió ayer con contundencia el proyecto de Presupuestos Generales de Estado para 2012 en medio de un ambiente caldeado por el creciente debate sobre el binomio austeridad-crecimiento. Con el apoyo de las oscuras previsiones económicas de 2012 como principal herramienta, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo frente a las voces que reclaman una mayor flexibilidad en los recortes como forma de estimular la actividad económica y dejó claro que el Gobierno tiene una hoja de ruta muy clara y que está dispuesto a seguirla "sin dudar". Montoro recordó, con razón, que el lastre del endeudamiento externo que arrastra España constituye la principal soga de nuestra actividad económica, dado que absorbe el grueso de los recursos financieros y los detrae del sector privado. Sin embargo, y pese a la insistencia del ministro en que los ajustes no tendrán un efecto relevante sobre la actividad, es difícil negar el hecho de que cualquier política de austeridad tiene consecuencias sobre el crecimiento. Otra cosa es que las tenga al modo en que un tratamiento de choque las tiene sobre los tejidos -enfermos, pero también sanos- de un paciente, una circunstancia que no excluye ni la necesidad ni la conveniencia de aplicarlo para atajar la enfermedad. En ese sentido, el Gobierno no debería poner tanto empeño en negar que el elevado ajuste que ha de efectuar España tendrá efectos secundarios en la economía, como en explicar mejor por qué ese coste debe asumirse y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo.
Al margen de su mayor o menor pedagogía, Cristóbal Montoro no ha dudado en volver a recordar con firmeza a las comunidades autónomas su posición como foco de preocupación -tanto del Ejecutivo como de los mercados- en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit. El Gobierno no está dispuesto a tolerar más sorpresas de última hora y sí a garantizar que la supervisión del cumplimiento fiscal de las regiones -a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria- será aplicada sin fisuras. Las quejas sobre el "brutal ajuste" impuesto a las regiones que ayer sonaron en el Parlamento y las acusaciones de que el déficit fiscal no es causa, sino consecuencia de la crisis, parecen olvidar que a día de hoy la hoja de servicios de las comunidades autónomas no constituye un secreto y que de su contenido pueden decirse muchas cosas, excepto que es impecable. Basta recordar dos grandes aspectos, como el crecimiento desorbitado del empleo público autonómico -un 44% más a lo largo de la última década, mientras el del Estado central decrecía un 22% en el mismo periodo- o el ritmo imparable de creación de entes públicos regionales -uno cada semana desde el inicio de la crisis y hasta el pasado junio- para concluir que, a veces, la mejor defensa es el silencio y la prudencia.