Los 500 millones de euros enterrados en la última aventura de Spanair (350 de deuda y 150 de ayudas públicas) no son más que la cuantificación material de una cadena de despropósitos. Nacida con ambición internacional en los ochenta de la mano de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que atesoran una lista de crisis en sus trayectorias, su traspaso a SAS dos décadas después fue un parche tan grande como inútil. Su crisis se agudizó con el terrible accidente en Barajas, en el que perdieron la vida 154 pasajeros en agosto de 2008. El pase desde el grupo escandinavo a inversores catalanes, de la mano del plan de la Generalitat para crear una aerolínea que desde El Prat compitiese con Iberia y Madrid -hasta se planteó catalanizar su nombre-, era un delirio solo comparable, por seguir en el sector, a los de esos aeropuertos sin pasajeros ni aviones. Ahora, cuando Spanair ha hecho su último aterrizaje, con más de 2.000 trabajadores como principales afectados y miles de pasajeros perjudicados, toma todo el sentido la sentencia del presidente de Iberia y de IAG: "Spanair no tiene futuro y todo el mundo lo sabe". Las que sí lo tienen son IAG, Iberia y su participada Vueling, además de otras compañías privadas. Sobre todo, si los políticos dejan trabajar a los empresarios que, por cierto, deben explotar las muchas las posibilidades de negocio -que no de impresentable utilización política- tiene El Prat.