Ingresos y gastos son las dos magnitudes fundamentales de cualquier economía. Pero mientras en el ámbito privado lo habitual es adaptar nuestros gastos a los ingresos, en el sector público los ingresos normalmente se ajustan a las necesidades del gasto. Sin embargo, esta simple afirmación requiere importantes matizaciones. En primer lugar, cualquier Estado no puede decidir sin más tener las mayores y mejores prestaciones sin tener en cuenta su nivel de riqueza y, por tanto, el nivel razonable de impuestos que sus ciudadanos pueden soportar. En segundo lugar, hay que priorizar las políticas de gasto. En tercer lugar, el gasto se tiene que gestionar de forma eficiente, además, claro está, de su necesario control y transparencia. Y en este sentido, el ciudadano debe tener mecanismos legales para exigir las responsabilidades que considere oportunas como consecuencia de una gestión ineficiente e irresponsable del gasto. Y en cuarto lugar, la cobertura de las prestaciones e inversiones públicas se tiene que hacer mediante un sistema tributario justo y sostenible. Frente a ello, hay una premisa previa y fundamental. El Estado debe fomentar una cultura basada en la obligación cívica de contribuir como contrapartida a una sociedad más justa, responsable y solidaria en la que la ejemplaridad y responsabilidad pública y privada sean las normas básicas de convivencia.
Me explico. El otro día, paseando con mi mujer, vimos que un coche intentaba aparcar en un espacio realmente diminuto entre otro coche y el contenedor de basura. Al hacer la maniobra, el coche, de forma reiterada, arrastraba hacia atrás el contenedor. Mi mujer, sin dudarlo, se lamentó por el coche y yo, por el contrario, por la conducta incívica de aquel ciudadano que estaba dañando un bien público.
Dicho esto, lo primero que hay que concretar es qué nivel de impuestos estamos dispuestos a pagar para contribuir a una sociedad más justa, respuesta que dependerá del nivel de riqueza que tengamos, y, por tanto, de cuál sea el tejido empresarial y su tecnología, el nivel de empleo y su cualificación y la mayor o menor libertad que tengamos para desarrollar nuestra iniciativa privada. Despejada la incógnita, priorizaremos de nuestra larga lista aquellas políticas de gasto e inversión que se consideren imprescindibles.
Pues en España debemos hacer lo mismo. Tenemos un Estado del bienestar al que nadie quiere renunciar pero que, digámoslo con claridad, es insostenible. No solo hay un déficit importante entre ingresos y gastos, sino que el endeudamiento es cada vez mayor. Es decir, que los impuestos no son tan solo necesarios para cubrir los gastos, sino también para devolver nuestras deudas. Y todo, absolutamente todo, vamos a pagarlo nosotros. La pregunta, de hecho, es muy simple: ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos para evitar más recortes? Cuidado, la respuesta impulsiva es fácil: sí, pero que los paguen los ricos. Ya, pero con un IRPF al tipo del 56% como en Cataluña, con un IVA al 21% de tipo general, unos impuestos especiales nada despreciables y una suma de pequeños conceptos impositivos que totalizan una cifra nada desdeñable, ¿es posible pagar más? Pues no. Es el momento de acometer una reforma selectiva del gasto ajustándolo a nuestras posibilidades como país y aceptar que el principal problema no es la falta de ingresos sino un crecimiento descontrolado del gasto, su gestión ineficiente, poco transparente y con temas tabú a los que no nos queremos enfrentar, como el derroche autonómico y local y un nivel de inversiones públicas desproporcionadas para un país como el nuestro. De qué sirve si no una excelente Ley de la Dependencia si sus beneficiarios pueden tardar tanto en cobrar su prestación que cuando la reciban ya no les servirá de nada.
Es pues imprescindible afrontar de forma urgente la reforma de la Administración pública y priorizar de forma selectiva las políticas de gasto que seamos capaces de financiar con nuestros impuestos o mediante un sistema mixto. No se trata pues de recortar sin más, sino de seleccionar y priorizar las políticas de gasto que sean imprescindibles y que se puedan financiar en función del nivel de riqueza de nuestro país. Para crecer, hay que estar dispuestos a renunciar. De lo contrario, moriremos asfixiados por impuestos desproporcionados. Y después de tan importante reforma, y solo después, es cuando procederá acometer también una profunda reforma de nuestro sistema tributario que, reconozcámoslo, hoy hace aguas por todos lados. Cuanto más tardemos en asumir el sacrificio, más cerca estaremos de la asfixia.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
