La imposición del Banco de España a las entidades financieras de provisionar el 30% del valor de los inmuebles que tengan en balance a partir de septiembre está dando frutos. La banca suelta su lastre inmobiliario y, para ello, además de rebajar los precios de los pisos, mejora las condiciones financieras a los compradores. Y ambos elementos son un dinamizador claro del mercado. Los últimos datos del regulador lo ponen de manifiesto. Ahora, doce de cada cien hipotecas concedidas superan el 80% del valor de tasación, es decir, se consideran créditos de alto riesgo, cuando hace pocos meses sólo eran diez.

Este repunte testimonia la voluntad de las entidades de vender sus activos inmobiliarios. Lo cual es una excelente decisión, siempre que no implique una relajación de los controles de riesgo a la hora de conceder préstamos. Todo apunta a que las cosas se están haciendo bien, pues las condiciones más flexibles se limitan a los clientes más solventes.

No obstante, este aspecto positivo tiene su lado gris en las quejas de los promotores, que denuncian trato discriminatorio a favor de acceder a hipotecas para los compradores de viviendas en manos de la banca, frente a las de otros propietarios. Aunque pueda parecer comprensible, no es una buena práctica bancaria.