La incertidumbre nunca ha sido una buena compañía en el mundo de los negocios. Desde esta perspectiva, la tardanza de General Motors, dueña de la alemana Opel, en desvelar la solución para la automovilística europea no beneficia a nadie. Es posible que la situación de interinidad en el capital de la empresa no afecte de manera determinante todavía a las ventas, pero ante la competencia acelerada en estos tiempos de crisis es aconsejable despejar lo antes posible el futuro de la compañía. Desde Alemania se reitera la urgencia de cerrar el proceso. Un portavoz del Gobierno de Angela Merkel insistió ayer en esta tesis y el presidente del comité de empresa, Klaus Franz, llegó incluso más lejos y amenazó con movilizaciones si no hay pronto fumata blanca.

Sin embargo, las prisas alemanas parecen encerrar unos intereses puramente nacionales que pueden perjudicar a los de otros países con plantas de Opel, especialmente a España. El Gobierno alemán dio ayer un paso más en su presión y amenazó a General Motors con retirar los avales que ha prometido si la multinacional estadounidense no opta, como desea Berlín, por la opción ruso-canadiense de Magna y elige el grupo de capital riesgo belga RHJ, filial de la inversora neoyorquina Ripplewood, o incluso si la compañía estadounidense decide no vender, una posibilidad ésta a no descartar del todo.

Alemania está obligada a respetar el consenso de que la operación tendría solución comunitaria. Es cierto que la mitad de la plantilla de Opel trabaja dentro de territorio alemán, pero la otra mitad está repartida por otros países europeos, incluida España con la planta zaragozana de Figueruelas. Es decir, dentro de las fronteras comunitarias. La opción de Magna, sin embargo, beneficia los intereses de Merkel por el compromiso de que el grueso de la reestructuración del personal se realice fuera de su país. Una promesa que cobra especial valor político para Angela Merkel cuando Alemania entra en pleno proceso electoral: el 30 de agosto se celebran legislativas en cinco estados y en apenas un mes, el 27 de septiembre, las elecciones generales.

Es poco aconsejable para el futuro de Opel que la solución tenga un mero sesgo político y no empresarial. Pero el Gobierno español debe estar muy atento para velar porque en la negociación con General Motors no se perjudiquen los intereses de la planta de Zaragoza. No es un trabajo difícil si se sabe afinar, y no tiene por qué leerse en términos de intervencionismo: la factoría de Figueruelas -y su importante entorno de industria auxiliar- ha demostrado ser de las más eficientes del grupo y su alta calificación tiene que figurar en cualquiera de las soluciones. España ha comprometido también avales para apuntalar la compra -tanto el Gobierno de Aragón como el Central-. Es el momento de jugar bien las cartas.