El rescate de la aseguradora americana AIG ayudó, y no dañó, a sus accionistas. Pero Hank Greenberg, antiguo consejero delegado, quiere que la compañía se sume a su denuncia contra el Gobierno americano por el rescate de 182.000 millones de dólares. AIG estaría loca si lo hiciese, pero la denuncia, en cualquier caso, es débil.

La compañía habría colapsado sin la intervención del Gobierno en septiembre de 2008, probablemente cayendo la acción desde los 63 dólares que valía el día previo al anuncio del rescate hasta cero. En cambio, hoy valen 36, un 43% menos. Incluso antes de que la Reserva Federal y el Tesoro se movilizaran, las acciones de AIG ya se habían desplomado, pero la culpa solo fue de los responsables de la empresa y de la crisis que destapó sus errores.

Cuando el Tesoro vendió sus últimas acciones en diciembre, el Gobierno había recuperado 23.000 millones más de lo que puso en AIG. Eso es un retorno anual del 3%. Incluso considerando solo los 130.000 millones que AIG realmente utilizó, el retorno del Gobierno sigue rondando el 4% anual.

Este beneficio es modesto comparado con lo que los inversores del sector privado consiguieron en el epicentro de la crisis de 2008. Warren Buffett prestó a Goldman Sachs 5.000 millones a un interés del 10% anual, junto a algunos warrants. Acabó obteniendo una rentabilidad del 14% sin ejecutar los warrants.

Ni siquiera Buffett podría haberle dado a AIG el salvavidas que necesitaba. El rescate no solo dejó a los accionistas mejor de lo que hubieran estado en quiebra: también les dio unas condiciones mejores a las que hubieran obtenido de inversores ¬privados.

Greenberg parece decidido a culpar a todo el mundo menos a él de los desastres de la institución de la que formó parte durante décadas. La indignación ante la posibilidad de que AIG muerda la mano que le dio de comer ya ha empezado. Los abogados de Greenberg pueden tener un pico de oro, pero las probabilidades están en su contra.