Los agujeros de la contratación pública
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto la tercera mayor multa de su historia -47 millones de euros- a 47 empresas del sector de la construcción por fijar precios y repartirse compensaciones en los procesos de licitación de obra pública, concretamente en la modalidad de subasta restringida. Las compañías sancionadas llevaban a cabo contactos entre sí previos a la licitación, en el curso de los cuales pactaban el importe de la baja ganadora y del resto de las ofertas presentadas. Como consecuencia de ese apaño, las bajas planteadas eran mucho menores que las realizadas habitualmente en condiciones de sana competencia y el precio abonado por la Administración, considerablemente mayor.
El organismo supervisor ha acreditado que en 8 de las 14 subastas restringidas en las que se han detectado acuerdos anticompetitivos la factura para el Estado y, por ende, para el conjunto de los contribuyentes ha ascendido a 14 millones de euros. Un coste sobredimensionado, fraudulento e inaceptable en cualquier circunstancia, pero más aún en un momento de especial dificultad para las arcas del Estado y los bolsillos de los ciudadanos.
Huelga decir que la trama destapada por la CNC retrata, en primer lugar, a las 47 empresas involucradas en el proceso. Pese a que, como aclara el supervisor, el mercado en el que actúan estas compañías es muy pequeño -ceñido al asfaltado y rehabilitación del firme de las carreteras- las multas impuestas ponen al descubierto un modelo de cultura empresarial sumamente opaco, deshonesto y absolutamente despreciativo de la legalidad vigente y de las normas que rigen la competencia.
Pero esa misma trama ha puesto en evidencia algo más: el mal funcionamiento de una Administración pública que ha fallado estrepitosamente en sus deberes de vigilancia y los agujeros de una legislación que permite burlar con facilidad el bien jurídico que pretende proteger. No es la primera vez que Competencia alude a la necesidad de reformar el modelo de relación contractual entre Administración pública y empresas. En diferentes ocasiones la CNC ha remitido a las normas de la OCDE sobre la materia y a su propia guía sobre el particular, que entre otros aspectos revela que las prácticas de colusión en la licitación pública suponen un encarecimiento de aproximadamente un 20% de los contratos. No nos hallamos, por tanto, ante un mal alimentado por la ausencia de diagnóstico, sino más bien por la reticencia o la laxitud en poner en práctica un remedio suficiente. La conducta sancionada por la CNC atenta directamente contra la política de austeridad que debería seguir a rajatabla toda Administración en España. Por ese motivo es hora de empezar a pensar sobre la reforma de un modelo de contratación pública cuyo coste -como todos los otros costes- hay que reducir.