La subida ya aprobada del impuesto sobre el valor añadido (IVA) desde el próximo 1 de julio se ha erigido en la principal sima técnica, pues la de carácter político es insalvable, entre el Gobierno y el Partido Popular para lograr un acuerdo que recoja un plan creíble de medidas contra la crisis económica. Constatada la diferencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en la región, Esperanza Aguirre, ha abierto una campaña pública de agitación contra la decisión de Hacienda. Anima a quien lo estime oportuno a pronunciarse en contra de la subida del impuesto, contribuyendo a crear un clima de rebelión fiscal, que podría estar sobrepasando abiertamente los límites legítimos de un cargo público que, entre otras cosas, representa al Estado en la comunidad.

Tan legítimo como subir un impuesto es estar en desacuerdo con la decisión. Pero está fuera de la función de un cargo público el ejercicio demagógico de jalear la desobediencia fiscal, aunque se haga usando los medios de su partido. Como una parte de la subida del impuesto terminará en las arcas que Aguirre administra, si considera que dañan la actividad económica, en aplicación de un pensamiento liberal extremo, debe aprobar una compensación en los impuestos que tutela. Eso es dar trigo. Sin eso, su operación es prédica demagógica.