Pese a la negativa sobre una hipotética subida del IVA, reiterada estos días en la cumbre del G-20 por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de impulsar una nueva vuelta de tuerca fiscal en los próximos meses. A día de hoy, el cerco para que España cuadre sus números crece de forma implacable, pero las cifras no salen. Tras el anuncio del rescate a la banca española y el recrudecimiento del acoso en los mercados financieros, reducir el déficit fiscal español desde el 8,9% registrado en 2011 hasta el 5,3% exigido por Bruselas ha dejado de ser un objetivo hercúleo para convertirse casi en una quimera. Sobre la mesa del Gobierno figuran varias opciones para demostrar su voluntad de cumplir el compromiso, entre ellas las siguientes: tocar alguna forma de retribución de los empleados públicos y una subida del IVA, prevista para el año que viene, pero que las crecientes presiones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían hacer conveniente adelantar.

El escenario presupuestario que ha de manejar el Gobierno no solo es extremadamente complejo, sino mucho peor de lo que se preveía inicialmente. El déficit con el que España cerró oficialmente el año -que en febrero se fijó en un 8,5%- ha tenido que ser revisado al alza hasta el 8,9% por el impacto del plan de pago a proveedores, que ha sido imputado al pasado ejercicio, y podría retocarse una vez más tras la decisión del Gobierno de convertir en inyección de capital -computable como déficit- los 4.465 millones de euros en forma de bonos convertibles que se ofrecieron a Bankia antes de su salida a Bolsa. Aunque el Ejecutivo de Rajoy ha trabajado con mucho tesón para que Bruselas conceda a España un año más para alcanzar el objetivo fiscal del año que viene -del 3%-, ello no eximirá a Madrid de tener que culminar sus deberes.

A la espera de que se clarifiquen las necesidades de capital de la banca española, parece evidente que las exigencias que Europa impondrá a cambio del rescate no se limitarán al sector financiero. Como tampoco resultará gratis una intervención de Bruselas o del Banco Central Europeo que ponga coto a la escalada de hostigamiento que España está sufriendo en los mercados. Tanto una ayuda como la otra traerán consigo una letra pequeña que el Gobierno conoce de sobra y cuya demora en aceptar no hará más que empeorar la situación de España. El ministro Cristóbal Montoro reconocía ayer que existen distintas sensibilidades en el Gobierno acerca de la necesidad de elevar el IVA. Dadas las consecuencias que la medida puede acarrear sobre un consumo bajo mínimos, ello podría ser comprensible. Otra cosa es que sea aceptable, sobre todo si esa división se traduce en un retraso sobre una decisión respecto de la que España no tiene demasiado margen de maniobra.