Agilización procesal
Mucho se ha escrito sobre el proyecto de medidas de agilización procesal que el Ministerio de Justicia ha llevado a las Cortes, y no precisamente para bien. Pocas reformas han tenido tan mala acogida entre los profesionales jurídicos.
No voy a abundar sobre lo que ya se ha dicho, pero sí quiero referirme a un aspecto peligroso, que a medio plazo puede tener graves efectos sobre el funcionamiento de nuestra economía. Me refiero a la supresión del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, que son aquellos en los que el valor de lo disputado es inferior a 6.000 euros. Esa medida tendrá un considerable impacto en la protección de consumidores y usuarios.
¿Qué asuntos llevan a los consumidores ante los tribunales? Viajes, talleres de automóviles, electrodomésticos, ventas a distancia, etc. Son conflictos que pocas veces alcanzan un valor de 6.000 euros, aunque la tercera parte de esa suma ya es más de lo que ganan la mayoría de los asalariados al mes hoy en día.
¿No habrá justicia si no se puede apelar en estos casos? Claro que la habrá, aunque sea de peor calidad. El problema no es ese.
El verdadero problema es que sin acceso a apelación se corta de raíz la creación de jurisprudencia. Poquísimos casos llegarán a las Audiencias Provinciales, y consecuentemente aún menos al Tribunal Supremo.
La protección de consumidores y usuarios se quedará en el ámbito de los Juzgados de Primera Instancia, con lo que no existirá posibilidad de unificación de criterios, ni siquiera en cada una de la provincias, cuanto menos en la totalidad del territorio nacional.
Sin jurisprudencia que las interprete, las normas se quedan muertas. Al ser incapaces de adaptarse a una realidad que evoluciona, dejan de cumplir la función para la que fueron creadas: en este caso, y en primer lugar, proteger a quienes son partes más débiles en un contrato, pero también generar un marco de seguridad jurídica para empresarios y consumidores en el que estén claras las reglas de juego.
Si la medida entra en vigor (como parece inevitable), ese marco de seguridad jurídica se irá deteriorando paulatinamente hasta dejar de existir. Parece mentira que todo lo avanzado en esta materia desde el año 1984 vaya a perderse por un problema coyuntural como es el atasco judicial, problema agravado por la crisis económica.
¿De verdad queremos agilizar la justicia a este precio?
José Ignacio Macías. Macías Legal