Un acuerdo débil para el automóvil
El código de buenas prácticas del sector del automóvil vio ayer la luz de forma manifiestamente deficitaria. Las negociaciones y desencuentros protagonizados en los últimos meses por las principales organizaciones empresariales de esta industria -en un intento de paliar el conflicto abierto por una desafortunada enmienda a la Ley de Economía Sostenible, cuya aplicación se acordó suspender a la espera de una nueva Ley de Distribución- han desembocado en un acuerdo precario e insuficiente. Las dos patronales de marcas de automóviles -Anfac y Aniacam- y las dos de concesionarios -Faconauto y Ganvam- se han limitado así a alumbrar un texto cuya tercera parte nace inoperativa por falta de acuerdo sobre un aspecto fundamental: el sistema de resolución de conflictos. Las patronales de los concesionarios, que abogaban por la inclusión de una cláusula de arbitraje, se han visto defraudadas en sus expectativas y han optado por incluir en el texto una apostilla en la que se declaran no vinculadas por la fórmula finalmente adoptada: la mediación.
La adopción de un código de buenas prácticas privado de un mecanismo común de resolución de conflictos implica, en la práctica, poco más que una declaración de buenas intenciones. Supone también la prueba evidente de la dificultad que entraña dejar al ámbito de la autorregulación -una opción que tiene sus ventajas, pero también sus limitaciones- una industria de tanta trascendencia para el conjunto de la economía española como es el sector del automóvil. Tanto Anfac como Aniacam mostraron ayer su sorpresa por la negativa de los concesionarios a aceptar la mediación y anunciaron su intención de promover la adhesión individual de las redes de cada marca. Los concesionarios, por su parte, aseguran que denunciarán cualquier injerencia o presión sobre sus asociaciones. Ambas posiciones permiten vislumbrar nuevos conflictos en el horizonte.
Para poder comprender cómo el sector del automóvil ha llegado a una situación como esta hay que remontarse al despropósito legislativo -duramente criticado por la Comisión Nacional de la Competencia- que le ha servido de caldo de cultivo. Un error de técnica jurídica que ha llevado a la industria a un estado de conflicto y de permanente inseguridad jurídica al que es urgente poner fin. El texto aprobado ayer incluye entre su articulado la creación de un comité de diálogo en el que están llamados a participar representantes del sector y del propio Ministerio de Industria. A la espera de que se promulgue una nueva Ley de Distribución que ponga orden y claridad en la industria, esta es ahora mismo la única esperanza de acuerdo entre las partes. Un acuerdo que tanto unos como otros deberían considerar como un objetivo absolutamente prioritario.