El nuevo marco regulatorio del mercado eléctrico español tiene mañana una cita vital en el Parlamento, con la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario. Esta norma incorpora, básicamente, la modificación al alza de los techos del déficit de tarifa entre 2010 y 2012, aunque conservando su eliminación en 2013; la extensión del bono social; la implantación de peajes a abonar por los productores de energía, así como la limitación de las primas a la energía fotovoltaica. Con estas medidas, el Gobierno pretende ajustar los costes regulados del tal manera que se suavice el déficit de tarifa y no se repitan subidas del precio de la luz del tamaño de la que acaba de entrar en vigor. Además, persigue cuidar a los consumidores con medidas como la instauración de los peajes o la extensión del bono social, a la par que trata de clarificar el terreno de juego en el que han de moverse las nuevas energías. Es cierto que estas medidas son solo el principio de la ansiada reforma del mercado energético. También es cierto que han de emprenderse con urgencia debates básicos como el del futuro de la energía nuclear. Pero no es menos cierto que tramitar como proyecto de ley este real decreto haría perder un tiempo y unos ahorros realmente vitales en estos momentos.