El mercado de servicios jurídicos, como prácticamente toda actividad económica, está experimentando los efectos de la crisis. Tras años en los que se hicieron frecuentes los crecimientos de dos dígitos, la caída de operaciones en el tráfico mercantil se ha hecho sentir en el día a día de los bufetes y ha cambiado de forma sustancial aspectos como la relación con el cliente y las fórmulas de facturación. Las sustanciosas minutas por horas, cuyo modelo se importó del mundo anglosajón, han dado paso a fórmulas más acordes con los tiempos que corren, como los presupuestos cerrados, los caps o las tarifas por éxito. Todo ello se ha hecho sentir en la política retributiva de los despachos y de los abogados. Según un análisis realizado por la consultora Signium International, la retribución variable ha caído un 70% en las firmas españolas, un 50% en las extranjeras y un 10% en el área legal de las denominadas big four (Ernst & Young, PwC, Deloitte y KPMG). Como contrapeso, el sector ha elevado los salarios fijos un 5% de media y ha echado mano de fórmulas de remuneración flexible -vales de comida, guardería, gimnasio o colegios- para compensar a sus profesionales. Pese a que las expectativas retributivas de 2012 no apuntan a una mejora, no hay duda de que el sector está capeando la tormenta con buen pulso.